Contratación de vigilancia privada genera polémica

La publicación del decreto supremo que indica que en apenas 45 días calendario los policías que custodian las entidades públicas deberán ser reemplazados por vigilantes particulares ha generado una gran polémica.

Por Diario La Primera | 01 set 2010 |    
Contratación de vigilancia privada genera polémica
(1) Medidas gubernamentales son consideradas como actos desesperados del gobierno ante el avance de la delincuencia. (2) Nadie sabe por cuanto tiempo se va a distribuir personal policial en las calles.
Decreto Supremo indica que en sólo 45 días policías de entidades públicas deberán ser reemplazados por vigilantes. Algunos ven en este hecho incluso un negociado.

Más datos

El ministro Salazar dijo que con el Reglamento de la Ley de la Vigilancia Privada, los agentes que prestan este servicio deberán estar plenamente capacitados para desempeñar su labor y colaborar con la Policía para fortalecer la seguridad en las calles.

DETALLE

El ex titular del Interior, Fernando Rospigliosi, criticó que Salazar haya dispuesto que los vigilantes disparen contra delincuentes porque eso ya estaba reglamentado. “Es el ministro de la perogrullada, por decir que un vigilante que porta un arma puede utilizarla”, anotó.

El experto del Instituto para la Seguridad Ciudadana Gabriel Prado dijo que el decreto se ha aprobado al parecer de manera apresura porque 45 días es un lapso muy corto para que vigilantes particulares cumplan las labores de la Policía.

Dijo que las empresas de seguridad no están preparadas para el reto y que en la contratación de éstas puede cometerse una serie de irregularidades. Sugirió que, para que no haya problemas en el futuro, debe haber una licitación clara a fin de que las empresas contratadas realicen adecuadamente su trabajo.

“Imagino que todas las empresas que prestarán este servicio al Estado son formales, y que el procedimiento de contratación tendrá que darse a través de licitaciones o algún otro mecanismo transparente que evite cualquier especulación o cualquier sospecha de corrupción”, señaló.

Según el decreto supremo 002-2010-IN, a partir de hoy los policías que custodian las instalaciones de servicios públicos esenciales pasarán a reforzar la seguridad ciudadana y para ello, las empresas de agua, energía y telecomunicaciones, etc, que no estén ubicadas en zonas de emergencia, deberán contratar personal privado de seguridad en un plazo máximo de 45 días.

Prado preguntó cómo se distribuirá a los policías que patrullarán las calles, algo que no especifica el decreto supremo publicado ayer por el Ejecutivo. “Me pregunto bajo qué criterio se va a distribuir a los policías que saldrán de las instituciones estatales y servicios públicos a patrullar a partir de hoy. ¿A qué comisarías van a enviarlos?, ¿en qué divisiones o dependencias policiales especializadas serán reubicados para combatir la delincuencia?, ¿alcanzará un mes y medio para discutir estos detalles?”, cuestionó.

Más de 120 mil
Prado dijo que habría que definir las funciones que van a cumplir los vigilantes como complemento de la labor policial, al comentar la Ley Nº 28879 de Servicios de Seguridad Privada que el ministro del Interior, Octavio Salazar, debe presentar hoy al Consejo de Ministros, a fin de que sea aprobada, la cual, según el gobierno, posibilitará que 120 mil 200 vigilantes colaboren con la Policía.

Mencionó que un serio problema es la informalidad en el rubro de las empresas de seguridad. “Primero habría que penar la informalidad de algunas empresas, y si es que van a tener actividad en la seguridad ciudadana, pues se les debe registrar. La mayoría de los vecinos ni siquiera conocen el nombre de quienes vigilan sus cuadras y en muchos casos estas personas hasta tienen antecedentes policiales y penales”, advirtió.

Comunicación
Por su parte, el experto en políticas de seguridad y convivencia ciudadana de Colombia, Hugo Acero Velásquez, observó que en lugar incorporar vigilantes privados como apoyo en la labor policial, debería contarse con una red de comunicación permanente entre la Policía y el personal de vigilancia del sector privado.

“Yo exigiría a estas empresas privadas que estén comunicadas, que tengan radio, una central de comunicaciones, una red de comunicación, porque realmente quien debe reaccionar frente a los delincuentes, desde el punto de vista legal y constitucional, son las instituciones del Estado. La otra parte es saber cómo fortalecemos a la Policía para que esa respuesta sea oportuna”, explicó.

El responsable de las políticas de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Alcaldía Mayor de Bogotá recomendó que la Policía, los alcaldes y titulares de instituciones privadas, formen una alianza estratégica contra la delincuencia. Para ello, dijo, se debe trabajar con el mismo presupuesto y normas jurídicas vigentes.

“La verdad es que nuestros países están llenos de normas que muchas veces no se aplican. Por otro lado, la Policía pide que se le aprueben más recursos, pero por el momento se necesita trabajar con lo que hay”, comentó.

Están preparados
Para el ministro de Justicia, Víctor García Toma, desde el momento en que los vigilantes privados obtienen licencia para portar armas es porque están adiestrados para ello, y que más bien con la aprobación del reglamento de la ley de Servicios de Seguridad Privada, psicológicamente los agentes de seguridad privada tendrán la capacidad de hacer uso adecuado de ellas.

García Toma informó que los asesores del Ministerio de Justicia analizaron la normativa en el aspecto jurídico y concluyeron que, tal como está redactada, cumple con los principios de constitucionalidad y legalidad.

Vanessa Ramos
Redacción

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