Congreso prepara norma antigolpista

Parlamentarios de diversas bancadas vienen preparando, y otros dispuestos a apoyar, una propuesta legislativa, o de modificación constitucional, que inhabilite, por un periodo prolongado de tiempo en el ejercicio de cargos públicos, a todos los oficiales de las Fuerzas Armadas que suscribieron, en 1999, la denominada “acta de sujeción”, un documento atentatorio de los principios democráticos y sostén de un golpe de Estado.

| 21 mayo 2012 12:05 AM | Política | 2k Lecturas
Congreso prepara norma antigolpista
Parlamento cocina norma polémica.
Iniciativa busca inhabilitar en el ejercicio de cargos públicos a todos los militares firmantes del “acta de sujeción”.

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Valdés: Hay gente valiosa

El primer ministro Oscar Valdés defendió anoche a los militares que suscribieron el acta de sujeción a Vladimiro Montesinos y, en especial, al ministro del Interior, Wilver Calle Girón, al referir que entre sus firmantes “hay mucha gente valiosa y que no pueden estar marginados toda su vida”.
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Así lo informaron a LA PRIMERA su principal impulsor, el congresista de Acción Popular Mesías Guevara Amasifuén, y los parlamentarios Javier Diez Canseco y Víctor Andrés García Belaunde que la respaldan, quienes coincidieron en expresar que esta propuesta busca preservar la gobernabilidad y evitar la desestabilización generada por la asunción de responsabilidades de personajes ética y moralmente desacreditados.

El congresista de Acción Popular Guevara Amasifuén afirmó a nuestro diario que su despacho alista, en consulta con su asesoría legal, la elaboración de un proyecto normativo que impida el ejercicio de todo cargo público a estos militares que, con su rúbrica, atentaron contra la democracia y ensuciaron la honra de los institutos armados.

“Bueno, sí, hay que empezar a estudiarla y prepararla. Y debe irse a un debate, en el Congreso de la República, sobre una propuesta legislativa de este tipo. Y yo estoy dispuesto a firmarla”, subrayó.

Tras recalcar que el proyecto en referencia deberá ser debatido con la debida oportunidad por la representación nacional, Guevara advirtió, igualmente, la necesidad de que esta iniciativa sea muy bien elaborada, de modo tal de evitar cualquier objeción de orden constitucional o legal, ni tampoco la afectación de cualquier eventual derecho de los suscriptores de esta “acta”.

CON MUCHO CUIDADO
“Debemos ser en extremo cuidadosos, por lo que tenemos que estudiar el tema a profundidad, para no cometer ningún acto que sea considerado inconstitucional, y evitar que los efectivos castrenses acudan al Tribunal Constitucional, bajo el pretexto de una supuesta violación de sus derechos”, alertó.

En ese contexto, invocó a la reflexión a aquellos oficiales de las Fuerzas Armadas que aprobaron con su rúbrica el acta de sujeción, a fin de que no acepten este tipo de cargos y, por tanto, autoexcluirse de ejercerlos.

“Porque, en primer lugar, se ve afectado el país. Y, en particular, sus propias imágenes personales y hasta familiares. Además, por los discursos y escritos anteriores que hemos escuchado del propio presidente Ollanta Humala, comprobamos que este último fue muy duro con todo aquellos que firmaron esta acta de sujeción, especialmente cuando fue candidato”, puntualizó.

Indicó que el documento castrense conocido como “acta de sujeción” fue un verdadero atentado contra la democracia, toda vez “que se trata de un mamotreto elaborado por los esbirros de una dictadura que no tiene nada que ver con el mandato constitucional”.

La cuestionada “acta de sujeción” fue suscrita, en 1999, por toda la oficialidad castrense de esa época, la cuál declaró, de esta forma, su lealtad al autogolpe del 5 de abril de 1992 y a las leyes de amnistía que “protegieron” a militares y policías de ser procesados penalmente por violaciones de derechos humanos, cometidos durante el conflicto armado interno contra el terrorismo de Sendero Luminoso.

Por su parte, el congresista Javier Diez Canseco consideró necesario desarrollar una legislación que siente un precedente que, en definitiva, impida a los integrantes de las Fuerzas Armadas violentar la democracia o los principios que la sustentan y defender el golpismo y la dictadura, así como las directivas que de éstas emanen.

“Este tema habría que pensarlo. Es una sanción política que podría tomar el Congreso. Y el argumento rebasa el tema del simple cuestionamiento al acta de sujeción en sí, sino que se basaría en prohibir el ejercicio de la función pública a los que han tenido responsabilidad en actitudes golpistas o en respaldo a golpes”, anotó.

Diez Canseco incidió en que una medida de este tipo e implicaría una lógica que enfrente lo que significa el golpismo y malas experiencias derivadas de la implantación de una dictadura, así como para garantizar el concepto de una gestión de carácter democrático.

“Sugerir o proponer un tema de este tipo es un asunto que hay que analizarlo. Sin embargo, tiene razonabilidad, sobre todo porque (el golpismo) ha constituido un problema que hemos encarado en diferentes oportunidades”, apuntó.

A manera de ejemplo, recordó que la Constitución de 1979 dispuso que los golpistas fuesen susceptibles no solo de sanciones políticas, sino también de carácter económico como la expropiación de sus bienes, y de una drástica condena judicial, lo cual -anotó- “no se repitió” en el documento fujimorista de 1993.

En ese sentido, estimó que una norma constitucional dispuesta sobre este asunto se constituiría en una cláusula pétrea que proteja al país de aventuras golpistas. “Y lo que le daría seguramente una mayor consistencia a una medida de este tipo sería hacer algo como lo que se consagró en la Constitución de 1979. Eso sería lo lógico”, puntualizó


Javier Soto
Redacción


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