Congelan concesión

La Contraloría General de la República suspendió el concurso por la concesión del puerto de Paita, al haber detectado irregularidades en la elaboración del contrato que se firmará con el ganador del manejo del referido puerto piurano, aseguraron ayer a LA PRIMERA fuentes de ese organismo.

Por Diario La Primera | 17 marzo 2009 |  505 
Congelan concesión
Quisieron incumplir normas para ganar en puerto.
Contraloría suspende concurso de concesión del puerto de Paita por irregularidades.
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Afirman que la Contraloría tomó la decisión el pasado viernes y cuestionó, mediante un oficio, el hecho que la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), encargada de la elaboración del documento, entregó un expediente técnico incompleto sobre los “pasivos contingentes” del contrato, es decir, la información referente a los compromisos que el Estado asume al momento de concesionar el puerto.

La Contraloría especificó que la versión final del contrato de concesión no fue revisada ni evaluada por el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Uso Público, tal como el decreto legislativo 1012 lo establece.

Asimismo, nuestras fuentes informaron que la Contraloría detectó que algunas empresas postulantes podrían tener “influencia comercial” en puertos de Chile, por lo que tendrían “conflictos de intereses” y la suspensión tomó en cuenta el probable riesgo de la soberanía nacional y el descontento social en Paita, cuya población se pronunció por una mayoría abrumadora contra la privatización, en una consulta ciudadana realizada el pasado domingo.

La culminación del concurso público para la concesión del puerto, programada para el 26 de marzo, quedaría así postergada al menos hasta que Proinversión corrija las observaciones indicadas por la Contraloría.

La congresista Marisol Espinoza saludó la decisión de la Contraloría y pidió que el contrato sea anulado definitivamente. “Es un contrato hecho a la medida y una burla a los intereses de la nación”, dijo.

Aseguró que el contrato, tal como está redactado, determina que el Estado reciba sólo el 2% de los 11 millones de nuevos soles de utilidad anual que registra el puerto. “Es una especie de subsidio encubierto. Además, la empresa puede comprar o vender la concesión sin dar cuenta al Estado. Es algo parecido al caso de Petro Tech, que fue vendida sin pagar impuestos”, explicó.

Según el especialista Manuel Dammert, el contrato indica que el concesionario debe tener un capital social mínimo de US$ 13 millones, de los que la empresa está obligada a aportar sólo US$ 3,2 millones, pudiendo cancelar la diferencia al final de la Etapa 1, gracias a las ganancias mercantilistas financiadas por el Estado. Además, el socio estratégico debe tener 35% de participación mínima, que corresponde a US$ 4 millones, en forma declarativa. Sin embargo, el monto real es de US$ 1 millón, en forma efectiva.

Leonardo Caballero
Redacción

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