Conflictos sociales siguen en aumento

La Unidad de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo informó ayer que en julio se registraron 147 conflictos en todo el país, lo que representa un aumento en 16 casos respecto al mes anterior. El último reporte (el número 153) de la unidad precisa que, de ese total, 97 están activos (66%) y 50 en estado latente (34%), y que ese mes apenas fue resuelto un caso. Además, fueron identificadas 74 acciones colectivas de protesta y dos hechos de violencia subversiva.

Por Diario La Primera | 05 ago 2008 |    
Conflictos sociales siguen en aumento
Los conflictos terminan en protestas si es que no se controlan. El gobierno tiene la palabra.
Estado no actúa antes de que los reclamos de la población se conviertan en conflictos, advierte Defensoría del Pueblo.

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DETALLE

Nuevos casos en Arequipa (1), Ayacucho (2), Cusco (1), Junín (4), La Libertad (1), Lima (3), Loreto (1), Madre de Dios (1) y Pasco (1) y hay un caso de nivel nacional. El informe incluye un reporte acerca de la consulta popular de revocatoria del mandato de autoridades municipales y regionales, convocada por el JNE.

En diálogo con LA PRIMERA, Rolando Luque, jefe de la Unidad de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, dijo que el Estado no actúa a tiempo, es decir, antes de que los reclamos de la población se conviertan en conflictos. “La población espera una respuesta rápida del gobierno y no la encuentra. Lo peor es que una gran cantidad de conflictos están resurgiendo por el incumplimiento de las actas firmadas anteriormente por el gobierno como supuesta solución de los conflictos, pero al no hallar una verdadera solución estos conflictos regresan con mucha mayor violencia”, advirtió Luque, tras remarcar que en su mayoría los problemas se generan en provincias por la disputa del agua y la contaminación que generan las empresas mineras; ante lo cual exigió la acción del gobierno central y los gobiernos regionales.

Del total de conflictos sociales registrados en julio, 75 son de naturaleza socioambiental (51%), 26 tienen que ver con gobiernos locales (18%), 11 con el gobierno nacional (7%), 9 casos son comunales, 9 laborales (6%) y 6 electorales, (4%). Además, 4 casos están referidos a los gobiernos regionales o a problemas de demarcación territorial (3%) y finalmente, 3 casos por cultivo ilegal de coca (2%).


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