Con tanques quieren frenar paro nacional

El gobierno del presidente Alan García evidencia su desesperación por contener el paro nacional y desconfianza en la actuación de la Policía Nacional. Con esta medida los tanques y soldados saldrán a las calles, lo que constituye una postura dictatorial que tiene como fin atemorizar a los que tienen intenciones de acatar la medida de fuerza.

Por Diario La Primera | 07 jul 2008 |    
Con tanques quieren frenar paro nacional
(1) A partir de las 00:00 del miércoles las tanquetas del Ejército patrullarán las calles de Lima. (2) La medida revela desesperación. ¿No, que el paro no tenía fuerza? (3) Analista Carlos Reyna.
Analistas y políticos califican de inconstitucional y peligroso que gobierno encargue a Fuerzas Armadas apoyar tareas de la Policía los días del paro.

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POR LA FUERZA
La Resolución Suprema 242-2008-DE, publicada ayer en el diario oficial "El Peruano", dispone que el Ejército, Marina y Fuerza Aérea también participen en brindar seguridad del 8 al 10 de julio, a fin de evitar protestas violentas y el bloqueo de carreteras en el país. La medida, sin embargo, ha sido dispuesta sin declarar previamente en suspenso algunas garantías individuales de la Constitución, como las que garantizan que ninguna persona puede ser detenida sin previo mandato judicial, salvo casos de flagrante delito.

Según la presidenta de la Confederación General de Trabajadores del Perú, Carmela Sifuentes, el paro nacional, cívico y popular convocado por la Coordinadora Político Social, de la que es parte la CGTP, es totalmente legal y enmarcado dentro de la Constitución y no pretende desestabilizar el gobierno, como dijo el Mandatario y otras autoridades del gobierno, sino expresar el descontento de la población.

“Si hay violencia el día del paro, nosotros responsabilizamos directamente al gobierno”, enfatizó la dirigente, en respuesta al premier Jorge del Castillo.

El congresista Daniel Abugattás ratificó que “el ejército no puede actuar en el control del orden interno, eso está reservado para las fuerzas policiales”. “Es una irresponsabilidad sin límites (del gobierno). Es una incitación a la guerra civil, a la muerte, y a la destrucción de los bienes. Crea mucho malestar que el gobierno actúe de esa manera”, argumentó.

Abugattás afirmó que “sobre los responsables” de esta medida “tendrán que recaer las acusaciones constitucionales. Contra el primer ministro, definitivamente”.

Diversos dirigentes gremiales responsabilizaron al gobierno aprista de cualquier acción violentista durante la medida de lucha convocada. Manifestaron que sacar las Fuerzas Armadas a las calles “es una provocación” y “es una respuesta sumamente desproporcionada”.

Víctor García Belaunde (AP) opinó que la posibilidad de que las Fuerzas Armadas intervengan junto con la Policía Nacional durante el paro nacional es un “mal presagio”. Explicó que la presencia de los militares es innecesaria, pues sólo la Policía debe desplazarse a los “puntos neurálgicos” de las protestas para resguardar el orden público. “Las Fuerzas Armadas están preparadas para resguardar el orden externo. La Constitución reserva a la PNP el control del orden interno”, dijo.

Medida es inconstitucional
Como “inconstitucional” y “peligrosa para la democracia” calificaron analistas políticos la disposición del gobierno, que encarga a las Fuerzas Armadas intervenir en apoyo de la Policía Nacional para brindar seguridad en todo el territorio, del 8 al 10 de julio.

El analista político Carlos Reyna consideró que la Resolución Suprema 242-2008-DE, rubricada por el presidente Alan García, es una medida incompatible con un régimen democrático. “Es muy peligroso que una democracia se asiente sobre las bayonetas, porque éstas después pueden pincharle la parte de atrás al mismo gobierno”, advirtió.

Opinó, además, que dar solución al alto nivel de protesta social, evidenciado hace poco con el “Moqueguazo”, no pasa por sacar las Fuerzas Armadas a las calles, sino por corregir las políticas del gobierno que provocan esas protestas.

“El presidente Alan García se está mostrando como un gobernante proclive a un autoritarismo muy marcado”, advirtió.

Por su parte, el abogado constitucionalista César Valega aclaró que para que las Fuerzas Armadas puedan encargarse del orden interno tiene necesariamente que declararse en emergencia el territorio nacional, pues, de otra manera, no se puede suspender las garantías individuales amparadas por la Constitución. Si se tratara sólo de resguardar puentes o edificios públicos, para eso está la Policía, añadió.


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