Con Ley de Consulta Previa se habría evitado ‘baguazo’

-¿En su condición de exdefensora del Pueblo qué opinión le merece la promulgación de la Ley de Consulta Previa?
-Creo que la promulgación de la Ley de Consulta era una deuda pendiente con los pueblos indígenas. En realidad, éste es un primer paso, hay una deuda histórica con los pueblos indígenas, en inclusión, en materia de educación, de salud, de nutrición, de pensión, o sea de todo tipo de seguridades que hoy día los pueblos indígenas carecen.

 

| 19 setiembre 2011 12:09 AM | Política | 2.6k Lecturas
Exdefensora habla claro sobre importancia de la Ley de Consulta Previa.
Afirma exdefensora del Pueblo, Beatriz Merino y pide diálogo entre el Estado, la minera que promueve el proyecto Tía María y pobladores.

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Creo que si la Ley de Consulta Previa hubiera estado reglamentada y se hubiera ejecutado en ese momento, la tragedia (del “baguazo”) no se hubiera producido”

DETALLE

Merino aclaró que en el “baguazo” tuvieron participación directa el presidente Alan García y su entorno, así como miembros del anterior Congreso, por lo que espera que los jueces y fiscales estén determinando las responsabilidades.
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-¿Cuál es el siguiente paso?
Me parece que es la reglamentación y ejecución de la norma, pienso también que ese proceso debe ser inclusivo y en mi opinión debe convocar al Estado en sus tres niveles, como son los gobiernos locales, regionales y el gobierno nacional, que deben estar en la mesa convocada por el Ministerio de Cultura para tal efecto.

-¿Qué más se necesitaría?
En mi opinión, se debe de convocar en el proceso de reglamentación y de inclusión a los representantes de los pueblos indígenas, a las federaciones que existen a nivel nacional, y creo que también debería estar presente para hacer sus contribuciones el sector privado, porque a pesar que la consulta será entre el Estado y los pueblos indígenas, también finalmente se harán consultas sobre normas administrativas y legislativas en muchos casos que tengan que ver con procesos que corresponden al sector privado, por ejemplo, los que tienen que ver precisamente con la minería.

-¿Y qué papel juega la minería en relación con los conflictos sociales?
-Sabemos que en el último reporte, el 53% de los últimos conflictos sociales son de naturaleza extractiva y socio-ambiental. Eso quiere decir que para colaborar a que esta tensa calma, por así llamarlo, termine de una vez por todas, se espera que la reglamentación y la ejecución de la Ley de Consulta sea participativa.

-Un hecho emblemático es el llamado “baguazo”, ¿considera que leyes como la de Consulta Previa evitarían que ello se repita en el futuro?
Bueno, no es ningún secreto que uno de los elementos fundamentales para el “baguazo” fue precisamente la promulgación de decretos legislativos que recortaban los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, entre ellos, el de la propiedad y en esto tanto el Congreso de entonces como ciertas autoridades del Poder Ejecutivo tuvieron participación muy directa.

-¿Se pudo evitar el “baguazo”?
Está registrado en un libro de 500 páginas que publicó la Defensoría del Pueblo durante mi gestión que se llama Antes, Durante y Después del Conflicto de Bagua y ahí se ve muy claramente cómo este conflicto, que estuvo dos años en los reportes, entró en crisis, precisamente, cuando los pueblos indígenas se levantaron contra la promulgación de estos decretos, y cómo el manejo que se hizo de su derogación fue un manejo absolutamente inadecuado.

-¿Entonces sí hubo responsables?
Acerca de la tragedia ocurrida el mismo 5 de junio, todos sabemos lo que ocurrió, y me imagino que los jueces y lo fiscales estarán determinando responsabilidades. Vamos a ponerlo de esta manera, creo que si la Ley de Consulta hubiera existido en ese momento, creo que si hubiera estado reglamentada y se hubiera ejecutado en ese momento, esa tragedia no se hubiera producido.

-¿Cree que es posible una buena relación entre las comunidades indígenas y las empresas mineras?
-Muchas comunidades tienen relaciones con empresas mineras, hoy en el Perú debe haber más de 300 proyectos de exploración en actividades extractivas. De ellos, hay un puñado que tiene malas relaciones, conflictos, muertos, pero creo que no es verdad, y digamos que tienen mucha tensión mediática. Pero es verdad que muchas empresas manejan sus relaciones con las comunidades de forma consensuada, dentro de la ley, participativa.

-¿Cómo ve el gravamen impuesto por el Ejecutivo a las empresas mineras?
-Bueno, está en el Congreso, pero he estado observando, mirando. Aquí lo más importante es que hay un acuerdo con el sector minero y con el Gobierno, eso es saludable. Siempre hay que saludar que el sector privado quiera contribuir con el Estado porque, finalmente, ¿qué cosa es la presión tributaria?, pues la presión tributaria es una sociedad que se pone de acuerdo para detraer una parte de las riquezas que producen… ¿para quién?: para los más pobres, los más vulnerables, los pueblos indígenas, los discapacitados. (…) El Perú y América Latina son la región con más desigualdad en el mundo y a la vez el Perú tiene una presión tributaria bajísima.

-¿Entonces está de acuerdo en que este gravamen es saludable para el país?
Este acuerdo y este gravamen que se ha logrado están en la dirección correcta, pero se tendrá que analizar y examinar si le resta competitividad al sector, lo cual sí sería malo porque evidentemente nadie quiere matar la gallina de los huevos de oro, como dicen las abuelas. Todos queremos un sector minero creciente pujante, pero que pague los impuestos que le corresponde pagar.

-La empresa minera Southern ha anunciado su intención de reactivar el proyecto Tía María y los pobladores de Islay ya han expresado su rechazo. ¿Qué le parece?
Recordarán que cuando estaba de Defensora del Pueblo, yo personalmente acudí el conflicto cuando habían casi 400 buses detenidos, cuando ad portas había una intervención policial y yo temía que se produjera un segundo “baguazo”. Yo acudí personalmente y luego acudieron las autoridades nacionales, municipales, pero afortunadamente la sangre no llegó al río.

-¿Qué hay que hacer en este caso?
-Creo que harían bien el Estado, la empresa y también los dirigentes en dialogar antes de actuar. Creo que debe dialogarse para evitar la violencia. Los conflictos no son en sí mismos malas noticias, la mala noticia es la violencia, la toma de carreteras, la destrucción del patrimonio y, peor aún, la destrucción de la salud y la muerte de seres inocentes que a veces están circulando por su país.


Vilma Escalante
Redacción


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