Comuneros de San Pedro ahora reciben amenazas

Tras obtener el fallo judicial que les otorga la titularidad de 53 mil hectáreas expropiadas por el Estado, los comuneros de San Pedro de Lloc se enfrentan ahora con aquellos que compraron esas tierras y se niegan a abandonarlas por contar con el apoyo del Ejecutivo.

Por Diario La Primera | 17 ago 2010 |    
Comuneros de San Pedro ahora reciben amenazas
Amenazan a comuneros.

“El gobierno de forma abusiva nos ha quitado las tierras y ahora los que las compraron nos amenazan. Nos dicen queremos trabajo, pero a los verdaderos dueños nos desconocen y dicen que no se van a mover”, denunciaron los dirigentes de la comunidad que ahora temen las represalias.

Nos dicen que van a traer al Ejército a reprimirnos y se ríen de nosotros a pesar de la sentencia, dicen que cuentan con el apoyo del gobierno, se trata de gente con mucho poder, afirmó la vocal de la comunidad, Miriam Reyes, tras describir el clima de tensión que se vive en San Pedro de Lloc.

Reyes reveló que, en los últimos días, una serie de llamadas amenazantes llegaron hasta el celular del presidente de la comunidad, Alfredo Arrivasplata, quien encabeza las acciones judiciales contra la ilegal venta de tierras.

La Segunda Sala Civil de la Corte Superior de La Libertad declaró recientemente la nulidad de los asientos registrales que desconocieron la propiedad de la comunidad sobre los terrenos en disputa.

La expropiación fue ejecutada por el Instituto Nacional de Desarrollo (Inade) y el Proyecto Especial Jequetepeque-Zaña. Y la venta estuvo a cargo de ProInversión, con la venia del gobierno de Alan García, acusado de favorecer a muchas de las empresas compradoras.

El fallo declara que el artículo 410 del DL 556, que autoriza a Inade a inscribir las tierras eriazas aledañas a los proyectos especiales de irrigación, infringe por la forma no sólo el artículo 70 de la Constitución de 1993 sino el artículo 125 de la Carta Magna de 1979, vigente cuando se produjo la primera transferencia de dominio.

El fallo de la sala indica además que la norma de expropiación no fue expedida por el Congreso sino por el Poder Ejecutivo, a pesar de que ambas constituciones señalan que el acto de expropiación debe realizarse mediante una ley, no por un decreto legislativo.

El fallo del expediente 514-2010 fue suscrito por unanimidad por el tribunal presidido por el doctor Marcelo Valdivieso García e integrado por los magistrados Carhuavilca Bustamante y Tejeda Zavala.

La sentencia obliga al Ministerio de Agricultura a reconocer la titularidad de las tierras, de las que fueron despojadas.

Entre los que compraron los terrenos se encuentran miembros de la poderosa familia Sánchez Paredes, personajes vinculados a la alta dirigencia aprista, que resultaron favorecidos con el estropicio legal.

Los campesinos denunciaron a la empresa Pacific Bird, a cargo del proyecto Cupisnique, que pretende instalar 90 antenas eólicas sobre sus tierras con el ofrecimiento de dar luz gratuita a los comuneros.


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