Comuneros denuncian

Los campesinos de San Pedro de Lloc (La Libertad) llegaron ayer hasta el Congreso para denunciar la venta de sus tierras bajo el pretexto que eran eriazas, un caso cuyas derivaciones motivaron una sentencia a dos años de prisión al periodista de LA PRIMERA Efraín Rúa, por una acusación de Alan Simón García Nores, hijo del Presidente de la República.

| 01 octubre 2009 12:10 AM | Política | 945 Lecturas
Comuneros denuncian
Llegaron al Congreso para defenderse ante empresa Gandules.
Campesinos de San Pedro de Lloc piden al Congreso investigar venta de tierras y apoyan a periodista Efraín Rúa.

Más datos

Solicita. El nacionalista Pedro Santos solicitará a la Comisión de Fiscalización que investigue la venta de más de 1,200 hectáreas de terreno, pese a que la Oficina Registral dejó sin efecto la inscripción de los terrenos a favor del Estado.

DETALLE

La tala de cerca 80 hectáreas de bosques de las tierras compradas puede provocar un serio accidente de tránsito en la Panamericana Norte (kilómetro 640), debido a las tormentas de arena que se forman durante determinadas horas del día, advirtió el dirigente de los comuneros, que también presentaron denuncia por delito ecológico contra los que talaron los árboles y cambiaron el clima de la zona, afectando la salud de los lugareños.
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El periodista fue querellado por el hijo del gobernante aprista por el solo hecho de recoger la versión de la comunidad, de que el joven García Nores había sido visto respaldando a la empresa compradora, Gandules INC SAC.

Los comuneros expresaron su sorpresa por la sentencia contra el hombre de prensa y señalaron que la misma evidencia que se mueven intereses poderosos tras la venta de sus tierras. Los dirigentes de la comunidad llegaron hasta las comisiones de Fiscalización y de los Pueblos Andinos y Amazónicos, para expresar su protesta porque pasados más de 18 meses de la ilegal venta, las autoridades no se pronuncian sobre la cuestionada adquisición de las tierras por parte de la empresa Gandules.

Alfredo Arrivasplata, presidente de la comunidad, indicó a este diario que un fallo del Tribunal Constitucional del 24 de abril de 2009 declaró inconstitucional el artículo 410 del Decreto Legislativo 556, Ley de Presupuesto de 1990, que permitía las expropiaciones de “tierras eriazas” por el Estado y su consiguiente venta a particulares.

“Esta sentencia sienta jurisprudencia y abre el camino para que las comunidades campesinas afectadas por la aplicación de esta norma, reivindiquen sus territorios a la luz de la inconstitucionalidad del artículo 410”, explicó.

Sin embargo, añadió, las autoridades del Instituto Nacional de Desarrollo, de Proinversión y del Proyecto Especial Jequetepeque-Zaña, insisten en seguir subastando los terrenos sin importarles la sentencia del Tribunal Constitucional sobre los terrenos eriazos.


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