Comparan disparate de premier con la propuesta de ex dictador

Diversos juristas e incluso dirigentes apristas cuestionaron ayer la propuesta del premier Javier Velásquez, quien dijo que el Perú presentará una propuesta para acatar en el futuro sólo de manera parcial los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto al pago de indemnizaciones a sentenciados por terrorismo que acudieron a esa instancia internacional denunciando la violación del debido proceso en los tribunales peruanos.

Por Diario La Primera | 20 jul 2010 |    
Comparan disparate de premier con la propuesta de ex dictador
Ni siquiera los apristas están de acuerdo con iniciativa del primer ministro.
Hasta los apristas tienen reparos en proyecto de Velásquez Quesquén para retirar al Perú parcialmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El ex procurador Iván Montoya señaló que esta idea, de mantener la reserva en los fallos de la CIDH para evitar futuras condenas que impliquen indemnizaciones económicas y morales a favor de terroristas, se parece al planteamiento que en su momento presentó el ex dictador Alberto Fujimori para que el Perú se aparte de la competencia contenciosa de la Corte.

“Creo que en el resultado parece ser lo mismo, sin embargo, en el procedimiento utilizado habría un mecanismo menos frontal; en el caso de Fujimori la separación fue de la competencia contenciosa de la Corte, aquí (en la propuesta de Velásquez) es la desvinculación en determinados fallos. El resultado es el mismo, no cumplir las decisiones de la Corte Interamericana”, precisó Montoya.

Coincidió con esa comparación el ex ministro de Justicia, Alejandro Tudela Chopitea, quien dijo que la idea de Velásquez “no es muy diferente del camino que tomó el gobierno de Fujimori en los años noventa cuando se pretendió dejar sin efecto la competencia contenciosa de la Corte pero sin renunciar a la condición de Estado”.

Incluso el congresista fujimorista Alejandro Aguinaga no pudo evitar las comparaciones. “Sí, tenemos un antecedente en nuestro gobierno de apartarse de la Corte porque nos pedían juzgar de nuevo a los terroristas cuando era un momento muy duro, es que no se entendió así en la Corte”, dijo Aguinaga.

En tanto, el constitucionalista Enrique Bernales estimó que presentar una propuesta para acatar parcialmente los fallos de la CIDH aislará al país y el ex presidente del Tribunal Constitucional (TC), Javier Alva Orlandini añadió que “los tratados se aprueban a veces con reservas, pero el Perú se adhirió sin ninguna reserva y no se puede ahora modificar esa decisión”.

Al respeto, el actual presidente del TC, Carlos Mesía, señaló que fue un “error” que el Estado peruano suscribiera la Convención Interamericana en 1979 sin ninguna salvaguarda en temas como terrorismo o narcotráfico. Mesía reconoció también que la reserva parcial de la competencia de la CIDH no es posible, además de resultar inconveniente por el daño que se haría a la imagen del Perú en el exterior.

Sin respaldo
Ni siquiera los apristas se manifestaron a favor de la propuesta del premier Javier Velásquez. El ex ministro de Justicia, Aurelio Pastor, dijo estar en desacuerdo con que el Perú solicite una “reserva parcial” en la CIDH en temas de terrorismo, dijo que esa posibilidad no es posible de viabilizar. “Pretender denunciar parcialmente la competencia de la Corte no es posible; las reservas se establecen en el momento en que se acepta el tratado, nosotros no podemos desconocer lo que hemos firmado, aceptado y sometido”, indicó.

A su vez, el ex premier Jorge del castillo dijo que es preferible estudiar a fondo el planteamiento de Velásquez. “Hay que verlo (el proyecto) porque no es tan fácil, hay que ver con mucha calma. Por eso prefiero reservar mi opinión”, apuntó.

Asimismo, el ministro de Justicia, Víctor García Toma, aclaró que no es oficial sino una iniciativa personal la propuesta del premier Velásquez para que el Perú se retire de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para los casos de terrorismo con el objetivo de evitar pagar indemnizaciones a terroristas. “No es una propuesta oficial, es una propuesta personal”, insistió el titular del sector Justicia.

A su turno, Mercedes Cabanillas indicó que las reservas que pueden plantear los estados se hacen en el momento en que éstos se acogen a la jurisdicción supranacional. “El tema es que se hacen las reservas al incorporarse a la competencia de la Corte, es más fácil aplicar el pago de las indemnizaciones a los terroristas a la legislación nacional”, sostuvo.

Otros mecanismos
En medio de las críticas, el ex procurador Iván Montoya sugirió que el gobierno adopte otros mecanismos jurídicos para cumplir con las indemnizaciones a favor de condenados por terrorismo ordenadas por la CIDH en lugar de presentar reservas.

“Creo que hay que ver otros mecanismos jurídicos para cumplir con las compensaciones a algunos procesados por terrorismo. Sin embargo, no hay que confundir estos casos con los de las víctimas de violaciones de derechos humanos que tienen plenamente derecho a la reparación”, acotó. Para el ex congresista Heriberto Benítez, “si el gobierno no quiere cumplir los pagos de reparaciones internacionales a condenados por terrorismo entonces en lugar de pagarles que el dinero sea descontado de las reparaciones civiles que deben pagar por cometer actos terroristas”.

REACCIONES

Ellos saben
David Lovatón
(Director del IDL)

“El gobierno sabe que no puede salirse parcialmente, el objetivo real es apartarse totalmente de la Corte. Fujimori también quiso reservas parciales, pero le dijeron que no, porque es algo jurídicamente imposible”

Es muy difícil
Javier Villa Stein
(Presidente del PJ)

“Tal parece que el retiro parcial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es jurídicamente muy difícil por la manera como el Perú se vinculó a la Corte Interamericana desde sus comienzos”.

No pueden patear tablero
Ronald Gamarra
(Ex procurador) 

“El gobierno no puede patear el tablero porque no le gustan las sentencias. Plantear esto es una burrada. Me indigna el pago de reparaciones a terroristas, pero el Estado no respetó los juicios durante el régimen de Fujimori”.

El problema, el abandono
Aurelio Pastor
(Ex ministro de Justicia)

“El problema de fondo es el abandono del Estado a los procesos ante la CIDH. En lugar de alejarse de la Corte, el gobierno tiene que vigorizar la defensa del país en esa instancia y pagar mejor a los abogados del Estado”.

No es oficial
Víctor García Toma
(Ministro de Justicia)

“La propuesta del premier Javier Velásquez no es oficial, es decir, no es una propuesta del gobierno sino solo una iniciativa personal del primer ministro, que no tiene porque verse como algo oficial”.

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