Comienza la batalla legal

La municipalidad de Lima presentó ayer, a través de su procuraduría pública, un recurso de apelación a la sentencia del juez superior Malzon Urbina, que ordenó reabrir los accesos al mercado de La Parada, la misma que sería resuelta en un plazo de 40 a 60 días.

| 06 abril 2013 12:04 AM | Política | 699 Lecturas
Comienza la batalla legal
Fallo a favor del caos sería rechazado en segunda instancia.
Contra fallo del juez Urbina. Procuraduría municipal presentó recurso ante el Poder Judicial, que sería resuelto en un plazo de 40 a 60 días.

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“Pésimo”

El procurador municipal sostuvo que el juez “Urbina es un pésimo magistrado que no conoce la norma constitucional, penal y municipal”. “Su fallo, que se fundamenta en Sancho Panza, es propio de jueces pintorescos, y que generan lamentablemente un retroceso del estado de derecho en nuestro país”, remarcó.
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El procurador de la comuna limeña, Antonio Salazar, precisó que la apelación cuestiona el fallo de Urbina, porque “desnaturaliza el hábeas corpus que presentaron los comerciantes de La Parada”.

“Urbina ha resuelto materias que no pueden resolverse mediante un hábeas corpus, ha resuelto como si fuera el Tribunal Constitucional, porque interpreta a través del hábeas corpus un tema que es parte del derecho civil: si la donación estuvo ejecutada bien o no por la municipalidad de Lima”, dijo.

Salazar calculó que en un plazo de 40 a 60 días se resolvería la apelación, y que luego ya no habría, de ser desfavorable, un nuevo fallo para el municipio de Lima, otra instancia más. Sin embargo, los demandantes, los comerciantes de La Parada, aún tendrían otra oportunidad, ante el Tribunal Constitucional.

NO A VACANCIA
De otra parte, el Concejo de Lima rechazó de manera unánime el pedido para vacar a la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, presentado por el abogado Raúl Arca Araníbar, quien la acusa de haber vendido irregularmente tres predios ubicados en el jirón Puno 620, 640 y 646, a una sola firma.

Fueron 36 votos en contra y ninguno a favor del pedido de Arca, quien acusó no solo a la gestión de Villarán sino al presidente de la Beneficencia Pública de Lima, Carlos Otero, de un supuesto robo 3.5 millones de soles con la venta de los referidos bienes.

Los regidores de Fuerza Social, del Partido Popular Cristiano, y otras agrupaciones rechazaron los argumentos de Arca al señalar que ya habían emitido una opinión sobre esta nueva solicitud y que no había nada irregular sobre esas ventas.

“No puede ser que cada mes se aparezca un loquito para hacernos perder tiempo. Ese caso ya se vio en el Concejo y ha quedado establecido que en esta administración no se va a robar”, dijo el regidor pepecista Alberto Valenzuela.

Por tanto, el teniente alcalde de Lima, Eduardo Zegarra, solicitó al Jurado Nacional de Elecciones y al Congreso solucionar esos vacíos legales, que con pedidos de vacancia infundados, afectan la institucionalidad.

Varios concejales rechazaron las acusaciones infundadas de Arca y sus amenazas a los congresistas posiblemente vacados, para que se abstengan de votar contra la vacancia.


Henry Campos
Redacción

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