Colinas se quedaron con los crespos hechos

La Primera Sala Anticorrupción echó por tierra el pedido de 21 integrantes del destacamento militar conocido como grupo Colina, que reclamaban el archivamiento del juicio que afrontan por las matanzas de Barrios Altos y de nueve campesinos del Santa y la desaparición del periodista huaralino Pedro Yauri.

Por Diario La Primera | 16 set 2010 |    
Colinas se quedaron con los crespos hechos
Le ponen candado a procesados por violación a los Derechos Humanos.
Sala Anticorrupción rechaza pedido de libertad de miembros del escuadrón de la muerte, tras derogatoria del DL 1097.

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La Defensoría

El ex presidente de la Comisión de la Verdad, Salomón Lerner, afirmó que Defensoría del Pueblo tiene los méritos suficientes para asumir la conducción del Museo de la Memoria, tras la renuncia a la presidencia de la comisión del escritor Mario Vargas Llosa en protesta por el Decreto Legislativo 1097. “La Defensoría del Pueblo ha hecho suficientes méritos como para que nosotros confiemos en la entidad y tiene una visibilidad tal que no podrá pasar por contrabando nada que signifique un sesgo de la verdad histórica. Siendo la Defensoría del Pueblo, le toca también en nombre del pueblo presentar este memorial que es para encontrar la reconciliación”, comentó.

El tribunal presidido por la jueza Inés Villa Bonilla adoptó la decisión tras declarar inaplicable el Decreto Legislativo 1097, derogado el martes último e invocado por los acusados, que argumentaron el vencimiento del plazo de investigación de los casos.

Entre los que reclamaron la aplicación del DL se encuentran el general (r) Juan Rivero Lazo, jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército, que albergó a los miembros del grupo Colina que eliminaron a decenas de supuestos subversivos durante el régimen de Alberto Fujimori. Santiago Martin Rivas y Carlos Pichilingüe, jefes del grupo, también reclamaron la prescripción.

El crimen de Barrios Altos conmocionó al país, porque se produjo a pocas cuadras del Congreso y en momentos que el país recibía la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en noviembre de 1991, la cual recogía las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos por parte de organismos del Estado.

Meses después se producirían las ejecuciones ilegales de los campesinos del Santa y del periodista Yauri, quien denunció la participación de grupos paramilitares en los hechos de violencia ocurridos en la zona.

Por discriminación
Durante la lectura de la resolución, que se prolongó por cerca de dos horas, la sala consideró que la aplicación del dispositivo legal sería un acto de discriminación en los procesos que afrontan civiles contra militares y policías; hecho que implicaría una grave contradicción con los acuerdos suscritos por nuestro país con organismos internacionales de derechos humanos.

Además, la sala consideró que la aplicación del sobreseimiento en el proceso judicial constituiría la negación del derecho a conocer la verdad y reparar a las víctimas, lo que generaría impunidad.

Es claro
La sala recalcó que el sobreseimiento no opera en casos de procesos referidos a violaciones a los derechos humanos. Tras conocerse el fallo en la Base Naval del Callao, la defensa legal de los militares presentó un recurso de nulidad, con el fin de que sea revisado por la Corte Suprema.

Para Gloria Cano, abogada de las víctimas, el fallo del tribunal superior es completo y está bien fundamentado, pues, a su criterio, se analiza punto por punto las razones por las que no se podía aplicar el mencionado decreto legislativo.

En tanto, para Estuardo Malpica, abogado de Martin Rivas, ex jefe del grupo Colina, el fallo es un insulto al derecho y una ofensa a la administración de justicia.

Respetó
Gisella Ortiz consideró que la sala respetó el derecho de los familiares de las víctimas a conocer la verdad y obtener justicia, al declarar inaplicable el DL 1097 que interfería con los procesos judiciales.

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