Colinas con un pie fuera de la cárcel por amnistía encubierta

Ex integrantes de escuadrón asesino son los primeros en pedir que la justicia archive juicios en su contra por violación de derechos humanos, gracias al decreto 1097.

Los miembros del sanguinario Grupo Colina pidieron ayer acogerse al decreto 1097, que les beneficia con el sobreseimiento (archivamiento) de los juicios en su contra por crímenes de lesa humanidad como la matanza de Barrios Altos, a menos de una semana de haber dictado la norma el Ejecutivo.

Por Diario La Primera | 07 set 2010 |    
Colinas con un pie fuera de la cárcel por amnistía encubierta
(1) Primera Sala Penal tendrá que pronunciarse el próximo lunes sobre el pedido de los ex colinas. (2) Carlos Pichilingue Guevara. (3) Santiago Martin Rivas.

Más datos

Los familiares de las víctimas del Grupo Colina hicieron la semana pasada un llamado al Poder Judicial para que no aplique los decretos del gobierno, por ser anticonstitucionales y contrarios a dictámenes del Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

ILEGALES

El fiscal Pablo Sánchez dijo que el Ministerio Público analiza los decretos y podría presentar una acción de inconstitucionalidad. El vocero de la bancada nacionalista, Daniel Abugattás, informó que hoy presentará una acción similar

ante el Tribunal Constitucional contra el decreto 1097, el cual dice que los crímenes contra los derechos humanos deben ser archivados si en 36 meses desde que inicia la etapa de instrucción no hay sentencia. También indica que los crímenes son considerados de lesa humanidad a partir de 2003, es decir, los casos cometidos por las fuerzas del orden en los años 80 y 90 quedan fuera de esa calificación y pueden quedar prescritos.

PRETENDEN QUEDAR IMPUNES:

General Juan Rivero Lazo (Ex jefe de la Dinte)
General Luis Salazar Monroe (Ex jefe de la Segunda Región Militar)
Coronel Federico Navarro Pérez (Ex jefe del SIE)
Coronel Luis Cubas Portal (cuñado de Vladimiro Montesinos)
Comandante Fernando Rodríguez (Ex jefe operativo del Grupo Colina)
Mayor Santiago Martin Rivas (Ex Jefe del Grupo Colina)
Mayor Carlos Pichilingue Guevara (Ex Jefe Administrativo del Grupo Colina)
SO. Luis Pino Díaz
SO. Jesús Sosa Saavedra
SO. Wilmer Yarlequé Ordinola
SO. José Alarcón Gonzales
SO. Orlando Vera Navarrete
SO: Fernando Lecca Esquen
SO. Pascual Douglas Arteaga
SO. Luis Salazar Correa
SO. Shirley Rojas Castro
SO. César Salazar Ballón
SO. César Alvarado Salinas
SO: Luis Arce Janampa
SO. Pedro Santillán Galdós
SO. Nelson Carbajal García

En una audiencia realizada ayer en la Base Naval del Callao, 21 militares presentaron sus pedidos ante las integrantes de la Primera Sala Penal Anticorrupción, que preside la vocal Inés Villa Bonilla, que ve los casos Barrios Altos, desaparición del periodista Pedro Yauri y el asesinato de 9 campesinos del valle del Santa (Áncash).

Entre quienes pidieron la cancelación de sus juicios están los generales Juan Rivero Lazo (defendido públicamente las últimas semanas por el ministro de Defensa, Rafael Rey) y Luis Salazar Monroe; así como el jefe operativo del Grupo Colina, Santiago Martin Rivas, y Jesús Sosa Saavedra, apodado “Kerosene”, porque quemaba con ese combustible los restos de sus víctimas con la intención de no dejar huellas de los crímenes del grupo.

Los abogados de los procesados argumentaron, para pedir el archivamiento de las acusaciones, que el referido tribunal ha excedido el plazo de la etapa de instrucción, cuando esa etapa del proceso ya pasó y está en la etapa de juicio oral. La defensa de Martin Rivas alegó que antes que el derecho a la verdad de las víctimas está el derecho del procesado.

Tras esto, el fiscal Jorge Cortez, la Procuraduría y los abogados de la parte civil sostuvieron que no era posible aplicar la referida norma a los integrantes del Grupo Colina y solicitaron a los magistrados desestimar los pedidos. El próximo lunes 13 de setiembre la Sala Penal Especial, integrada por las vocales Inés Villa Bonilla, Hilda Piedra e Inés Tello, deberá resolver si aplica el decreto legislativo 1097 o si lo desestima para estos casos.

En diálogo con LA PRIMERA, la abogada Gloria Cano, de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), organización que representa a los deudos de los casos Barrios Altos, Santa y Pedro Yauri, dijo esperar que las juezas no otorguen la “amnistía encubierta” que el gobierno pretende entregar con esta norma a los militares procesados. Señaló también que “el Estado tiene el deber de investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos”. “La Corte Interamericana de Derechos Humanos en reiteradas oportunidades ha señalado que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, prescripción y todos los obstáculos procesales que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones de derechos humanos”.

En ese sentido, el fiscal supremo Pablo Sánchez, encargado del despacho de la fiscal de la Nación, sostuvo que los procesados no podrían acogerse a esa norma de sobreseimiento, pues sus casos ya están en la etapa oral.

Fujimori contento
Por su parte, el abogado Carlos Rivera, director adjunto del Instituto de Defensa Legal (IDL), indicó que lo ocurrido ayer en la Base Naval del Callao es una repetición en serie de lo que el viernes hizo el general Juan Rivero Lazo (ex jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército), quien pidió el sobreseimiento del juicio en su contra por el caso La Cantuta. “Era inminente que iba a ocurrir esto, es una repetición en serie de lo que el viernes presentó Juan Rivero Lazo. Esos decretos están dirigidos para lograr la excarcelación de los militares procesados e implantar la impunidad”, apuntó Rivera.

Advirtió, además, que estos decretos legislativos pueden beneficiar al ex dictador Alberto Fujimori, porque él fue condenado por cometer crímenes de lesa humanidad que con estos decretos pasarían a ser sólo delitos comunes. “Estos decretos parecen la interpretación de los argumentos de la defensa del condenado ex dictador y son el camino legal para anular la sentencia emitida por la Sala Penal Especial, que presidió el vocal César San Martín, cuando el caso llegue al Tribunal Constitucional”, dijo el letrado.

Montesinos también
Otro personaje que estaría alistando un pedido para acogerse al decreto legislativo 1097 es Vladimiro Montesinos, el ex asesor de Fujimori. En la diligencia de ayer, su abogada, Estela Valdivia, solicitó una copia certificada de los temas tratados en la audiencia y de los pedidos presentados por los abogados de los integrantes del Grupo Colina para utilizarlos en este y otros juicios. Sin embargo, Montesinos tiene otros juicios por delitos de corrupción y por vender armas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

“Hechos atroces como los casos Barrios Altos, Santa y Pedro Yauri han motivado el rechazo y la condena nacional e internacional. Por ello, estos crímenes no deben ser tolerados, no sólo por una obligación ética, sino porque es una obligación estatal adquirida por el Perú ante la comunidad internacional”, remarcó Gloria Cano.

Marcelo Puelles
Redacción

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