Cayó el fujifallo

El presidente del Poder Judicial, César San Martín, aseguró que la justicia peruana acatará la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que anula el fallo de una corte presidida por el polémico Javier Villa Stein, que favoreció a Vladimiro Montesinos, al exjefe del Comando Conjunto, Nicolás Hermoza, y a los integrantes del Grupo Colina, en el caso de los crímenes de Barrios Altos, El Santa, y Pedro Yauri.

Por Diario La Primera | 25 setiembre 2012 |  2k 
Cayó el fujifallo
Jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Corte Interamericana de Derechos Humanos dictamina que Estado peruano anule el fallo de Javier Villa Stein.
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“Se anulará y se procederá a ejecutar un nuevo fallo que cumpla con los estándares de la Corte, porque el Perú es un país respetuoso de sus pactos internacionales. Estamos juntos, todo el país, en seguir los dictados de la razón, de la ley del derecho internacional, y hay que cumplirlo, nos guste o no nos guste porque para eso hemos suscrito tratados internacionales, porque eso es sinónimo de ser un país cívico”, afirmó el presidente del P.J.

A su vez, la ministra de Justicia, Eda Rivas, afirmó que la resolución de la Corte no es una orden al Estado sino que “lo que están haciendo es decirle al Estado peruano que resuelva los problemas en casa”.

La titular de Justicia dijo, además, que su despacho ha presentado una acción de amparo constitucional porque el cuestionado fallo se alejó de lo que dice la jurisprudencia peruana.

La Corte indicó que el fallo de la Sala Penal Permanente, presidida por Villa Stein, no cumple con los compromisos adquiridos por el Perú con la Convención Americana sobre caso de derechos humanos.

“La Ejecutoria Suprema emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia el 20 de julio de 2012 es incompatible con los compromisos adquiridos por el Perú al ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como que la misma generaría un incumplimiento de lo ordenado por este Tribunal en las Sentencias emitidas en el presente caso”, expresa la resolución del 7 de setiembre de 2012 del ente jurídico internacional.

Entre los argumentos del documento de 26 páginas, la instancia internacional refiere que la resolución de Villa Stein desconoció las consideraciones de la Corte y otras sentencias de carácter nacional, por lo que viola el derecho de las víctimas y deudos.

“Si se emiten decisiones internas que controvierten o desvirtúan el previo reconocimiento estatal, así como las consideraciones de la Corte y las sentencias emitidas a nivel interno en cumplimiento de lo ordenado por este Tribunal, entonces se mantiene la violación del derecho de las víctimas o sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios, a través de la investigación, juzgamiento y sanción de todos los responsables”, sostiene.

Señala así que si no es subsanada la resolución de Villa Stein, “se darían serios obstáculos para la consecución de la medida de reparación ordenada que atañe al deber de investigar los hechos del presente caso”.

Por ello, la Corte, que preside el magistrado Manuel Ventura Robles, resolvió que el Estado peruano debe adoptar todas las medidas que sean necesarias para dar efectivo y pronto acatamiento a los puntos pendientes de cumplimiento.

Y advierte que de no cumplir el Estado en subsanar las disposiciones, podría generarse impunidad en esas masacres. “Si no se subsanan las causas que podrían generar impunidad, a través de los mecanismos internos disponibles y conducentes, se estaría incumpliendo con lo ordenado por este Tribunal”, expresa.

Declara, por último, que el gobierno peruano debe presentar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a más tardar el 20 de enero de 2013, un informe en el cual indique todas las medidas adoptadas para cumplir con las reparaciones ordenadas por esta Corte.

San Martín evitó referirse propiamente a las consecuencias que tendrá el fallo sobre Villa Stein en la investigación que viene realizando el Consejo Nacional de la Magistratura.

El exministro de Justicia Víctor García Toma y el exfiscal supremo Avelino Guillén coincidieron en indicar que la resolución de la Corte exige la anulación del fallo a favor del Grupo Colina.

“La sentencia de la Corte dice que el fallo de Villa Stein es incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos. En tal sentido concuerdo con el fallo del tribunal internacional”, dijo.

Sentencia devastadora contra Villa Stein
El representante del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera, expresó su conformidad con la sentencia de la Corte y dijo que es devastadora sobre los argumentos de Villa Stein para reducir las penas a los asesinos de Barrios Altos, los campesinos de El Santa y el periodista Pedro Yauri.

“La resolución de la Corte es devastadora contra la sentencia de Villa Stein, por eso pide la anulación de esa sentencia al cuestionar abiertamente los fundamentos, esos términos han generado una responsabilidad internacional del Estado peruano, que no se han cumplido las obligaciones internacionales. La Corte reconoce que Colina cometió crímenes sistemáticos contra población civil, cometidos como una política de Estado”, afirmó.

PINTO CÁRDENAS
Colina debe volver a la cárcel

El presidente del Poder Judicial, César San Martín, dijo que la orden de la Corte Interamericana obliga que se suspenda los beneficios que han recibido algunos ciudadanos gracias a la fallo de Javier Villa Stein.

Uno de los beneficiados por la sentencia fue el exjefe del Servicio de Inteligencia del Ejército Alberto Pinto, quien fue liberado por efecto del fallo y ahora tendría que volver a prisión.

“Cuando una retroacción de actuación, como se establece que el fallo es ilegal, viola la acción, hay que anularlo y la anulación trae consigo la vuelta al estado anterior, o sea que habría que ver que quienes están libres con el fallo, deberán ser ingresados nuevamente a la cárcel”, manifestó.

El fujifallo
La Sala Penal Permanente determinó, en el caso Barrios Altos, El Santa y Pedro Yauri, anular el cargo de asociación ilícita para delinquir, y el carácter de lesa humanidad de esos crímenes, lo que generó que se reduzca la pena de 25 a 20 años a Vladimiro Montesinos, así como al jefe operativo del Grupo Colina, Santiago Martin Rivas, de 25 a 22 años. También los agentes del Grupo Colina, Jesús Sosa Saavedra, alias ‘Kerosene’, y Nelson Carbajal García, condenados a 20 años de prisión, se vieron beneficiados con una reducción de tres años, es decir, su nueva condena es de 17 años.
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