Castigan a fiscal

El Ministerio Público separó ayer al fiscal provisional de la Primera Fiscalía Provincial Especializada contra el Crimen Organizado, William Montes Malpartida, del caso Rudy Palma y será investigado por los órganos de control para determinar si cometió alguna irregularidad al pedir al Poder Judicial permiso para interceptar varios teléfonos, entre ellos el del congresista Luis Galarreta.

Por Diario La Primera | 13 jun 2012 |    
Castigan a fiscal
El primer castigado del Ministerio Público.
Por interceptación telefónica a congresista Galarreta.

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AL CONGRESO HOY

El presidente del Poder Judicial, César San Martín, y el fiscal de la Nación, José Peláez, deberán acudir hoy al Parlamento para explicar el caso de manera reservada ante la Comisión de Justicia del Congreso, tal como lo decidió ayer este grupo de trabajo parlamentario.

Mientras tanto, a solicitud del presidente del Congreso, Daniel Abugattás, el procurador del Parlamento denunció la interceptación del teléfono de Galarreta ante la Oficina de Control de la Magistratura y la Fiscalía Suprema de Control Interno del Ministerio Público a fin de esclarecer el tema y dar con los responsables.

El fiscal de la Nación, José Peláez, dijo que Montes es investigado y si cometió alguna irregularidad será sancionado con todo el peso de la ley.

Asimismo, la Oficina de Control de la Magistratura abrió una investigación preliminar a la jueza Carmen Arias por aceptar el pedido de Montes y autorizar la interceptación de los teléfonos con los que había tenido comunicación el periodista Palma antes de ser detenido por la Policía.

QUE SE VAYA
Pese a que el caso está siendo investigado, Galarreta exigió la renuncia inmediata del fiscal de la Nación y amenazó con denunciarlo constitucionalmente en el Parlamento si no lo hace.

Sobre el pedido de renuncia, la legisladora Ana María Solórzano, de Gana Perú, indicó que debe escucharse las explicaciones de Peláez sobre el caso y que hay que actuar de acuerdo a las normas.

Por su parte, el titular del Ministerio de Justicia, Juan Jiménez, dijo sobre el caso: “El chuponeo implica un acto ilegal y los jueces actúan dentro del marco de la ley y si un juez determina que se realice una interceptación telefónica o un levantamiento del secreto de las comunicaciones es un hecho que hay que valorar en la medida que el juez acredite esa resolución”.

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