Caso cerrado rechazo a entrevista a Fujimori

Premier Jiménez indica que decisión ya está tomada y respalda al Consejo Penitenciario. Exjefe del Inpe recordó que se trata de un sentenciado por crímenes de lesa humanidad.

| 13 noviembre 2012 12:11 AM | Política | 1.9k Lecturas
Caso cerrado rechazo a entrevista a Fujimori

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Carta de RPP

Radio Programas del Perú presentó una carta al Inpe, en la que le solicita formalmente entrevistar al exmandatario, Alberto Fujimori. “Habiéndose producido una solicitud pública del expresidente Alberto Fujimori para que nuestro director de noticias, Raúl Vargas, lo entreviste y para que ésta se realice, se precisa una previa autorización de su despacho; respetuosamente (la) solicitamos confiando en que usted contribuirá a la libertad de expresión”, dice la misiva, suscrita por el presidente del directorio del Grupo RPP, Hugo Delgado.
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Con la decisión del Consejo Nacional Penitenciario y el Inpe de denegar un pedido del sentenciado Alberto Fujimori de ser entrevistado por una radio, el caso ya está zanjado y no hay punto de retorno, afirmó ayer el primer ministro Juan Jiménez.

“El asunto de la autorización ya ha sido determinado por la autoridad pertinente. Ya se ha señalado que no existe la posibilidad de brindar una autorización sobre la materia. Nosotros no tenemos nada más que declarar sobre el punto”, subrayó.

Del mismo modo, se pronunció la titular de Justicia, Eda Rivas, al respaldar la decisión adoptada por la Junta Penitenciaria, presidida por el jefe del Inpe, José Pérez Guadalupe, la misma que tiene que respetarse.

“Yo soy respetuosa de las autoridades que están en mi sector. La Junta Penitenciaria ha decidido que no es conveniente darle la palabra en estos momentos a Alberto Fujimori, ya que se trata de un interno”, apuntó.

Luego de considerar saludable la polémica que ha generado el tema, precisó que las libertades no son absolutas. “Si hay algunos constitucionalistas que están diciendo que se atenta contra la libertad de prensa (o expresión), entonces me parece saludable la discusión entre abogados. Sin embargo la decisión de la junta ha sido una y hay que respetarla”, acotó.

Aclaró igualmente que las declaraciones clandestinas dadas a un medio extranjero por la sentenciada terrorista Elena Yparraguirre, no fueron autorizadas por las autoridades penitenciarias. Por el contrario, la interna fue sancionada por el hecho irregular.

El jurista Guillermo Olivera desestimó que la negativa del Inpe a autorizar entrevistas al condenado Alberto Fujimori sea inconstitucional, por cuanto la libertad de expresión, que la Constitución garantiza, “es para ciudadanos que no están con penas restrictivas de derechos”.

Olivera manifestó igualmente a LA PRIMERA que el propio Código de Ejecución Penal, que es ley máxima para los que están en la cárcel, dice que ninguna actividad que realice un interno debe atentar contra la seguridad de la cárcel y, menos, poner en peligro la seguridad del propio interno.

En el mismo tenor se pronunció el exjefe del Inpe, Carlos Caparrós, al referir que está ajustada al derecho la negativa a autorizar una entrevista a Fujimori, por lo que es una prerrogativa de las autoridades penitenciarias conceder o no ese acto.

Caparrós indicó que si bien el exjefe de Estado no está bajo el régimen cerrado especial es un sentenciado por crímenes de lesa humanidad, por lo que su caso es un tema que afecta la tranquilidad nacional.

En ese sentido, precisó que el Inpe no está limitando la libertad de expresión de Fujimori, puesto que este derecho no es absoluto. “La libertad de expresión tiene limitaciones, de acuerdo a ley, no es absoluta”, apuntó.

El exfiscal supremo Avelino Guillén alertó que con la pretensión de Fujimori de ser entrevistado por un medio radial –al que escogió, al igual que al entrevistador- “es arrinconar el Gobierno para forzar un indulto, al cual no califica”.

Dijo que Fujimori en vez de pedir entrevistas radiales debe hablar con los integrantes de la Comisión de Gracias Presidenciales, ente que evaluará la petición de indulto humanitario presentada por sus hijos.

Por su parte, el abogado Luis Lamas Puccio dijo que una eventual autorización a un recluso para hacer declaraciones tiene que estar sujeta de restricciones sobre lo que puede decir, aunque refirió que no habría ningún problema en lo referente a la seguridad.

A su turno, el presidente del Poder Judicial, César San Martín, dijo que la decisión de autorizar o no entrevistas a un preso, por parte del Inpe, es una acción que corresponde al Poder Ejecutivo. “Es su problema. Que ellos vean cómo lo resuelven... Más no puedo decir, pero esto es un problema de legalidad”, puntualizó.


Javier Soto
Redacción


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