Botan a fuji-procurador

El titular del Poder Judicial, César San Martín, afirmó que el procurador Segundo Vitery fue expulsado por incumplir las directivas que tenía, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y no renunció a esta instancia estatal, como sostiene.

Por Diario La Primera | 31 agosto 2012 |  1.6k 
Botan a fuji procurador
San Martín anunció expulsión de procurador.
Confirma presidente del Poder Judicial Dr. César San Martín.
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“Cuando a un abogado se le dice cuál es el ámbito de su defensa y se le precisa los lineamientos de su intervención, y ese abogado no cumple con lo que se le indica, pues lo despiden (…) Su actuación irracional e incompetente ha dado lugar al inmediato pedido de su cese”, sostuvo San Martín

Aclaró también que Vitery dijo algo “que no estaba acordado”, en referencia al alegato del oscuro abogado ante la CIDH, en defensa del fallo de la sala presidida por Javier Villa Stein que benefició al grupo Colina,.

San Martín dijo que el exprocurador “hizo una defensa que no correspondía y actuó con torpeza, no defendió la posición oficial ni se atuvo a las indicaciones; quien desacata un mandato debe asumir las consecuencias”.

Asimismo, San Martín aclaró que el Ministerio de Justicia nombró a los procuradores. No quiso responder a la prensa cuando le preguntó: “¿entonces el portafolio de Justicia cometió una torpeza?

La resolución suprema 131-2012 del Ministerio de Justicia decidió “dar por concluida” la labor de Vitery, quien se desempeñaba como procurador público en el Poder Judicial desde el 2005.

Dicha resolución es firmada por el presidente Ollanta Humala, el jefe de gabinete Juan Jiménez, y la ministra de Justicia, Eda Rivas, y fue precedida por dos documentos de San Martín que dejaban constancia de que Vitery había perdido su confianza.

POSICIÓN CONJUNTA
San Martín aclaró que el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia acordaron plantear “una posición única” en San José, en el sentido que “el Perú no había incumplido los puntos resolutivos de la sentencia de la CIDH en el caso Barrios Altos” y que, además, está pendiente, el pleno cumplimiento de esa sentencia, la cual establece que esa matanza es un crimen de lesa humanidad (carácter que pretende negar el fallo Villa Stein).

Afirmó que “era menester que concuerden en estos los puntos de vista el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial” y que las coordinaciones entre ambas instancias “se llevaron a cabo dentro del mejor ambiente y con la mejor disposición”.

San Martín recordó que si bien “se cumplió con el mandato de la Corte (Interamericana) que establecía investigar y sancionar a los responsables”, correspondía a los representantes del Estado “precisar que un debate interno estaba en trámite acerca de la sentencia y que había un (recurso de) amparo” pendiente.

También precisó que esta posición peruana esperaba “que la jurisdicción internacional intervenga, porque los canales de solución de un debate no concluido estaban en plena tramitación”.

VITERY INCUMPLIÓ
Reveló que Vitery debió señalar que “el Estado peruano cumplió con investigar y sancionar (…) que las sanciones fueron muy altas (…) que nunca se negó que esos hechos constituyen graves delitos contra los derechos humanos y por consiguiente que se aplican los parámetros de la Corte en el sentido que no hay amnistía”.

También reveló que “gente de mi gabinete le indicó expresamente lo que debía decir y cómo debía decirlo, en una línea de concordancia con lo previamente estipulado, eso no lo hizo”. “Acá no se trata de defender si me gusta o no la sentencia, ahí está la torpeza”, aclaró.

RESPONSABILIDAD DE MINISTERIO DE JUSTICIA
Por su parte, el abogado Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal, afirmó que el Ministerio de Justicia es la entidad que tiene “responsabilidad política” por la actuación de Vitery en la audiencia de San José, porque “es la entidad que tiene la representación legal del Estado peruano” ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y no el Poder Judicial.

Rivera agregó que la designación de los agentes del Estado “está a cargo del Ministerio de Justicia” y que, teniendo en cuenta las coordinaciones de esta cartera con el Poder Judicial, “es evidente que esto ha debido ser verificado por quienes ejercen la representación del Estado”.

Recordó que el viceministro de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Daniel Figallo, “era la autoridad política que nos representaba” en dicha audiencia, pero “lamentablemente no hizo uso de la palabra”.
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