Baguazo fue resultado de mal manejo del conflicto

A un día de cumplirse tres años del baguazo, caso emblemático de un mal manejo de un conflicto social durante el último gobierno de Alan García, el proceso para castigar a los responsables de este luctuoso hecho, que dejó como saldo lamentable 10 civiles y 23 policías muertos y un mayor de la Policía desaparecido, está congelado por la desidia del Poder Judicial e intereses de poderosos, sostuvo a LA PRIMERA el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Juan José Quispe.

| 04 junio 2012 12:06 AM | Política |6.6k Lecturas
Baguazo fue resultado de mal manejo del conflicto
Gobierno aprista reprimió protesta que causó muertes de policias y civiles.
A TRES AÑOS DE LA TRAGEDIA, CASO PARA CASTIGAR A RESPONSABLES ESTÁ CONGELADO

Más datos

ALGUNOS OBSTÁCULOS

Quispe aseguró que los procesos por el caso Bagua se han visto obstaculizados. Por ejemplo, el expediente del caso de la Estación 6 que estuvo congelado siete meses, desde setiembre de 2011 hasta mayo de este año, no fue remitido a la Sala Penal Liquidadora de Bagua, por desidia del juez Uldarico Bojórquez Padilla, hasta la semana pasada. Lo mismo ocurre con los principales líderes de la zona de ese caso. Sus órdenes de detención no se habrían cambiado “por cuestiones netamente políticas”. Además, hay jueces cuestionados por variar la detención de nativos a comparecencia, a ellos, según Quispe, les buscan argumentos para interferir en su labor.
6683  

“Bagua significó la precipitación de un gobierno por no saber manejar políticamente una protesta muy grande como fue la de las comunidades nativas (Awajún y Wampis). Hubo una irracional orden desde el más alto nivel del gobierno para acallar esa protesta y desalojar, a como dé lugar, a los nativos”, dijo Quispe, quien ve tres casos del baguazo.

“Fue una pobre actuación del Poder Judicial que lo único que ha hecho hasta la fecha es sucumbir ante las presiones políticas y procesar a muchos nativos sin pruebas suficientes de su vinculación con los delitos por los que los procesaron”, agregó.

Quispe recordó que durante el baguazo no funcionó el servicio de inteligencia de la Policía y los propios miembros de la Dinoes, acantonados en la zona, no tenían la logística necesaria ni conocían el terreno “pero la orden era desalojarlos”.

El abogado del IDL también recordó cómo el fiscal de Bagua, Raúl Rivas Delgado, y el juez Penal Norberto Cabrera Barrantes argumentaron que los nativos detenidos no necesitaban intérpretes, quitándoles su derecho a comunicarse con su abogado defensor, y que no tenían conocimiento del Convenio 169 de la OIT.

“Otro hecho grave que recuerdo es que no hubo elementos que vincularan a los nativos con los delitos por los que los procesaron, como homicidio calificado, sedición, secuestro, motín, daños a la propiedad, etc. También recuerdo cómo los nativos me relataban cómo la policía saqueaba sus casas”, contó a este diario.

“Estuve en la zona el 6 de junio. No me pueden negar lo que he visto, torturaban y maltrataban a los nativos que fueron detenidos en la Curva del Diablo, donde quedaba la comisaría de Bagua. Todo era un caos terrible”, agregó.

CÓMO FUE
La mañana del 5 de junio de 2009 se desató el brutal desalojo en la Curva del Diablo, presuntamente por orden del expresidente Alan García a través de la entonces ministra del Interior Mercedes Cabanillas, según el valiente informe del excongresista Guido Lombardi, al que se le restó importancia durante las investigaciones del caso.

Esa misma fecha se generó una reacción en cadena. Los indígenas se enteraron por radio del operativo en la Curva del Diablo en la Estación 6 de Petro Perú en el centro poblado de Kuzu-Grande donde tenían retenidos a policías a quienes mataron.

Mientras eso ocurría en Bagua el entonces presidente Alan García declaraba en Lima que 400 mil nativos en protesta no podían decirle a 28 millones de peruanos “tú no tienes derecho de venir por aquí”.

“Eso es un error gravísimo y quien piense de esa manera quiere llevarnos a la irracionalidad y al retroceso primitivo”, fue su argumento.

La resistencia indígena fue por la aprobación de varios decretos legislativos, como el 1064 y el 1090, que afectaban la propiedad de sus tierras comunales habitadas por sus ancestros.

“El propio paro amazónico empieza el 10 de abril del 2009 y culmina el 5 de junio con el desalojo en la Curva del Diablo, desde entonces ha habido tensas situaciones para derogar los decretos legislativos que las comunidades nativas consideraban lesivos”, sostuvo Quispe.

Las raíces del conflicto tuvieron lugar entre el 2000 y el 2007 cuando las comunidades Awajún y Wampíes ya reclamaban al Estado que su territorio sea categorizado como un Área Natural Protegida ante los intereses de la Compañía Minera Afrodita y socios que solicitaban numerosas concesiones.

Esa empresa que tenía como uno de sus socios a Carlos Ballón, amigo del expresidente García, ya estaba posicionada y advirtió continuar explorando al amparo de la legislación minera dada por el gobierno. El desenlace fue conocido como el baguazo, el 5 de junio.


Marita Samanez
Redacción

Loading...


En este artículo: | | | | | | | | | | |


...
Diario La Primera

Diario La Primera

La Primera Digital

Colaborador 1937 LPD

Diario La Primera ha escrito 125390 artículos. Únete a nosotros y escribe el tuyo.

Deje un comentario