Awajún está bajo amenaza de muerte

La Organización para el Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (Odecofroc), denunció que el gobierno estaría buscando enfrentar a las 57 comunidades que alberga, creando en forma inconsulta organizaciones paralelas, con sólo el afán de enfrentar y dividir a los miembros de esta importante organización que abiertamente ha desafiado al gobierno en su política entreguista de los recursos naturales del país.

Por Diario La Primera | 23 ago 2010 |    
Awajún está bajo amenaza de muerte
Augostina Mayan formula explosiva denuncia y responsabiliza a funcionarios de la PCM.
Apus denuncian que gobierno crea organizaciones paralelas para enfrentar a 57 comunidades nativas.

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DETALLE

El pueblo indígena awajún se ha mostrado siempre en total rechazo al ingreso de las empresas mineras, petroleras y madereras en el Cenepa. El presidente de de Aidesep, Alberto Pizango, acusó al gobierno de pretender dividir a las comunidades indígenas al auspiciar organizaciones paralelas que no tienen representatividad como el caso de la “Coordinadora Awajún”, cuyos representantes marcharon insólitamente en la última Parada Militar del 29 de julio y “pidieron perdón” a la Policía Nacional por los hechos de Bagua del 5 de junio del 2009.

La representante de Odecofroc, Augostina Mayan, señaló al gobierno como el responsable de los serios enfrentamientos que se están dando entre la población del Cenepa, después de crear la apócrifa “Coordinadora Awajún”, conformada por sólo cinco apus, a quienes se les atribuyó la denominación de “verdaderos”, con el simple afán de ridiculizar las medidas que luchas que han tomado hasta el momento, al exigirles que pidan perdón por participar en el “Baguazo” en junio de 2009.

“Después de escuchar las disculpas que dieron por el “Baguazo”, el pueblo se ha indignado. A raíz de que el gobierno ha creado un fantasma, esta Coordinadora Awajún que no representa a nadie, está provocando un enfrentamiento en la comunidad.”, explicó Mayan a LA PRIMERA.

Indicó que como resultado de la asamblea general que se realizó el 14 de agosto, se decidió expulsar de sus cargos a los cinco apus, a quienes representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros les ofrecieron motores de lancha como una “ayuda” para el “desarrollo” sus comunidades; por este motivo el presidente Odecofroc, Zebelio Kayap, está siendo amenazado de muerte por los familiares de los defenestrados awajún.

“Ellos -el gobierno- buscaron a esas personas para poder comprarlos y formar esta coordinadora, sabiendo que fomentarían peleas entre nosotros. Estos actos son una ofensa para los awajún, que es un pueblo muy orgulloso. Ahora están movilizando un grupo de los familiares de los apus sacados para enfrentarse con la comunidad. Están provocando esto para satanizarnos, para que desde Lima nos vean como salvajes y violentistas”, expresó.

Indicó también que según la declaración jurada firmada por Damián Sauki, uno de los implicados, serían Alfonso Salcedo y Ronald Ibarra, asesores de la Presidencia del Consejo de Ministros, quienes habrían captado a Octavio Shacaime y los otros cuatro apus para invitarlos a viajar a Lima por 45 días, con todos los gastos pagados, ofreciéndoles conseguir beneficios para sus comunidades, además de obligarlos, insólitamente, a condenar las protestas en Bagua y marchar en la Parada Militar del 29 de julio.

En el mismo documento, Sauki afirmó que estos mismos funcionarios públicos sindicaron de narcoterrorista, senderista y malversador de fondos al presidente de Odecofroc, así como también acusaron a la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas Amazónicos del Perú (Aidesep) de estar malversando fondos del pueblo awajún.

Augostina Mayan expresó que los miembros de la Coordinadora Awajún fueron obligados asistir a una serie de talleres para convencerlos que es mejor que ingrese la minería a sus localidades, contrariando los principios y estatutos comunales y de organizaciones de base que prohíbe este tipo de actividad en los pueblos del Cenepa.

Finalmente, dijo que la asamblea plena acordó entablar una denuncia penal contra el Estado, por calumnia y difamación, además por la ofensa a los pueblos indígenas del Cenepa, Awajún y Wampis.

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