Atentan contra ley nativa

Las organizaciones indígenas andinas y amazónicas aceptamos la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios aprobada por el Congreso de la República en un primer momento.

Por Diario La Primera | 25 jul 2010 |    
Atentan contra ley nativa
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Constituyente

Es el momento de convocar a nueva Asamblea Constituyente, porque no hay legitimidad en el gobierno ni en la actual Constitución. Es oprobioso para los pueblos mantener vigente una Carta Constitucional impuesta por un corrupto sentenciado. Una nueva Constitución nos permitirá construir un Perú unido en la diversidad, sobre la base del equilibrio entre naturaleza, sociedad y cultura, derechos colectivos para los pueblos, servicios públicos, derechos laborales, sociales y vivir bien para todos.

Esta expresaba el consenso de varios sectores sociales y políticos, hasta económicos y recogía lo mínimo aceptable contenido en el Convenio 169 de la OIT.

Constituía, además, la primera ley de importancia para pueblos indígenas, en 189 años de vida republicana, que daba nacimiento a la ciudadanía indígena.

Sin embargo, la referida ley, aprobada en el Legislativo con 62 votos, como la bancada aprista la quería, elaborada y sustentada por la propia Comisión de Constitución del Congreso, sólo sirvió para limpiar la imagen del gobierno ante la comunidad internacional.

El Ejecutivo, al presentar su informe a la OIT, el 17 de junio, aseveró que la aprobación de la ley de consulta previa por el Estado peruano ha tomado en cuenta consensos con los representantes indígenas.

Detrás de estos actos no estaba sino el juego perverso del perro del hortelano que nos recuerda las mecidas vividas antes de los sucesos de Bagua.

El 21 de junio Alan García y sus aliados celebraban las ocho observaciones a la autógrafa de la Ley del Derecho a Consulta Previa a los Pueblos Indígenas, vetando la consulta como derecho de los pueblos para posteriormente, el martes 13 de julio, la Comisión de Constitución continuara la comparsa dictaminando el allanamiento a las observaciones del Poder Ejecutivo.

La alianza política del Apra, Fujimorismo y Unidad Nacional, (incluso UPP), funcionó a la perfección en la Comisión de Constitución, sumaron los nueve votos de la vergüenza con una abstención. Y si de dignidad se trata reconocemos los 5 votos nacionalistas.

Así, el Ejecutivo y el Congreso consagraron la misma política de falacias, hipocresías, engaños e injusticias. Nos demuestran, además, que la Comisión de Constitución y el propio Congreso de la República es sumiso al poder de Alan García y al poder económico de las multinacionales mineras, petroleras y forestales que lucran con la depredación, destrucción y contaminación de la Madre Tierra.

Muchos casos de crímenes ambientales como los de la cuenca del río Opamayo, en Huancavelica, y sus impactos en otras seis cuencas, o el derramamiento de petróleo en el río Marañon, en donde se pone en riesgo no sólo a las poblaciones sino la vida misma, deben y tienen que ser sometidos a consulta.

Las observaciones del Ejecutivo y posterior allanamiento de la Comisión de Constitución del Congreso son actos perversos que están orientados a sepultar la confianza y reconciliación en curso entre el Estado y los pueblos indígenas.

Para nosotros, como Conacami, ha culminado la etapa del debate sobre la consulta previa. Esperamos que el pleno del Congreso se pronuncie por la insistencia en la ley tal como fue aprobada el 19 de mayo.

Abrimos el camino de la lucha por nuestros verdaderos derechos como pueblos Quechua, Aymara y amazónicos. Derechos territoriales, culturales y políticos reconocidos que no alcanzaremos sino en un nuevo pacto social en el cual los pueblos indígenas seamos sujetos constitutivos del Estado.

Mario Palacios (*)
Colaborador


(*)Presidente de Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (Conacami)

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