Artera actitud de Fujimori y Montesinos no puede quedar impune

La contraorden de la dupla del gobierno de la corrupción, Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, para desactivar la operación de captura del cabecilla senderista, Abimael Guzmán y su cúpula terrorista, en diciembre de 1990, significa una traición al país que debe ser investigada, declararon a LA PRIMERA, el vicepresidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Heriberto Benítez, y el parlamentario andino y analista político Alberto Adrianzén.

| 07 enero 2014 09:01 AM | Política | 1.8k Lecturas
Artera actitud de Fujimori y Montesinos no puede quedar impune
Investiguen el boicot a la captura de Abimael
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Benítez manifestó que tanto en el ámbito legal como en el político tiene que hacerse una investigación legislativa y judicial que determine el porqué los Fujimori y Montesinos ordenaron abortar la aniquilación y desarticulación de la organización senderista.

Como un hecho político, como un antecedente político, no estaría demás hacer una averiguación sobre lo que pasó, qué hubo, por qué se suspendió la orden, cuál fue la razón por la que en ese momento no se capturó a Guzmán y se permitió que los terroristas sigan operando por casi dos años más”, subrayó.

El parlamentario estimó que Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos perpetraron una vil traición al país, de certificarse que dieron la orden de abortar la detención de Guzmán y sus principales secuaces y, como producto de ello, se produjo una serie de crímenes y atrocidades que, ahora, el Perú lamenta.

Si esto sucedió y se comprueba que impidieron la captura, sería una traición al patria, a la democracia y al Perú. Porque permitir estos incidentes gravísimos, por los cuales hoy día ha sido condenado Fujimori (las masacres perpetradas por el Grupo Colina y los criminales atentados senderistas), podría tener una consecuencia muy nefasta, ¿no? Si se le hubiese capturado en ese momento nos habríamos evitado tantos atentados y actitudes aviesas”, dijo.

Enfatizó que se demuestra que hay responsabilidades en altos funcionarios del régimen fujimorista, habría que ver qué sanción se les puede aplicar.

En todo caso, consideró que debe verificarse si la ilegal acción de Fujimori y Montesinos puede quedar prescrita, en caso de que para lo sucedido en 1990 esté vigente la aplicación del Código Penal de 1924, que –anotó- contiene penas muy benignas para este tipo de ilícitos.

El analista político Alberto Adrianzén coincidió con Benítez en que esta acción de estos dos líderes de la mafia fujimontesinista significó una verdadera deslealtad para con el país que amerita una investigación, al respecto.

Sí debería investigarse, porque hay informaciones de que efectivamente Montesinos hizo abortar la captura de Guzmán, en el año 1990, cuando este último se encontraba en una vivienda muy cercana al ‘Pentagonito’, el cuartel general del Ejército”, apuntó.

Adrianzén cuestionó la manipulación política que ambos personajes hicieron de este hecho, con el único objetivo de dejar que el senderismo siguiese operando para su beneficio particular, la justificación del golpe de abril de 1992, con las desgracias materiales que todo ello implicó para el Perú.

Además de una traición al país, significó una indefendible filtración (al enemigo terrorista) de una operación policial que buscaba aniquilar la dirección del Sendero Luminoso ¿no?”, puntualizó.

Javier Soto


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