Aniquilaron lucha anticorrupción

En entrevista exclusiva con LA PRIMERA, el procurador anticorrupción ad hoc, Julio Arbizu, estimó que los actos de corrupción del último gobierno de Alan García, que son materia de investigación legislativa, configurarían la figura de un régimen que albergó a un nido de ratas que saqueó a sus anchas el país. Arbizu señaló también que su institución baraja alternativas para hacer plenamente efectivo el cobro de reparaciones civiles a los principales cabecillas de la mafia fujimontesinista.

| 30 abril 2012 12:04 AM | Política | 3.5k Lecturas
Aniquilaron lucha anticorrupción
Asegura luchar contra corruptos.
ENTREVISTA. PROCURADOR ANTICORRUPCIÓN JULIO ARBIZU

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PODER JUDICIAL

—Tenemos entendido que la Procuraduría ha tomado acciones en torno a los casos de corrupción judicial...
—Efectivamente. Quiero revelar a LA PRIMERA que la Procuraduría Anticorrupción ha dispuesto la creación de un subgrupo de trabajo que va a estar abocado exclusivamente a la investigación de casos de corrupción al interior del Poder Judicial, en la medida que hemos apreciado -con mucha preocupación- la extensión de la corruptela judicial.
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—¿Existen dificultades para el cobro de las reparaciones civiles de los principales procesados de la dictadura fujimorista?
—Las principales dificultades radicaron en la desidia de los últimos gobiernos por impulsar la recuperación de activos y el cobro de las reparaciones civiles. Además de eso, existen, por ejemplo, muchos bienes inmuebles detectados a los principales encausados de la mafia fujimontesinista que están a nombre de sociedades conyugales o de patrimonios familiares, lo cual impide ejecutar dichos bienes, es decir, someterlos a subasta pública para el cobro de los adeudos respectivos.

—Tenemos entendido que la procuraduría a su cargo ha dispuesto algunas medidas para resolver este problema.
—Ya hay varias alternativas que están ejecutándose. Una de ellas es que a través del Decreto Supremo 003-2012-Jus, se sujeta cualquier aplicación de beneficios penitenciarios al pago del íntegro de la reparación civil. Una segunda medida es la declaratoria de insolvencia del sentenciado que incumpla con esta obligación legal, lo cual implicará su “muerte civil”; y para ello se requerirá de un procedimiento administrativo realizado por el Indecopi. Una tercera acción incluye el embargo automático de todos los enseres hallados al sentenciado que se niegue a abonar dicha obligación legal.

—Por el pago de reparaciones civiles, Alberto Fujimori debe un acumulado de 27 millones de soles al Estado peruano, Vladimiro Montesinos más de 880 millones y los militares fujimontesinistas corruptos más de 260 millones. ¿Qué tan difícil resultará obligarles a devolver estas astronómicas cifras?
—En los casos específicos de los principales cabecillas de esta mafia que “gobernó” el Perú, actuaremos en consecuencia y si persistiesen en su actitud de morosidad, los someteremos a procedimientos concursales, por intermedio de Indecopi, para declararlos insolventes, con los que estas personas estarán impedidas ipso facto de acceder a todos los mecanismos del sistema financiero. Con lo que no podrán contraer préstamos, constituir una empresa o ejercer un poder. Y estos individuos generalmente mueven su ingente patrimonio mal habido, a través de estos mecanismos. Y el sometimiento a estos procedimientos los forzará a abonar sus millonarias reparaciones civiles.

—¿Cuál ha sido la gestión desarrollada por la Procuraduría en torno a las investigaciones legislativas sobre los actos de corrupción del segundo gobierno de García?
—Bueno, nosotros tenemos algunos procesos relacionados con exfuncionarios de ese gobierno. Y, por otro lado, estamos atentos al trabajo de la comisión parlamentaria que los investiga. Y nosotros mismos estamos haciendo nuestras propias pesquisas para determinar en qué medida corresponderían eventuales responsabilidades sobre hechos de corrupción a estas exautoridades del régimen aprista.

—¿La procuraduría maneja algunas cifras preliminares sobre el dinero público malversado o mal habido, detectado durante la segunda administración de García?
—No tenemos un número estimado sobre el dinero que se haya podido malversar en el segundo régimen de García. Lo que sucede es que los procesos sobre casos de corrupción que atañen a este gobierno corresponden a casos todavía en giro. Además, nosotros tenemos que sustentar el daño, a fin de determinar las cantidades que los eventualmente condenados deberán reparar al Estado. Este es un trabajo que se está haciendo en la medida que el nuevo Código Procesal Penal así nos lo exige.

—¿Podríamos asegurar que el nivel de corrupción alcanzado en la última gestión de Alan García ya es comparable con la registrada por la dictadura fujimorista?
—Aquí estimamos que hay una diferencia sustancial. No puedo hablar de cifras porque no tenemos el desagregado numérico de la corrupción detectada en el segundo gobierno de Alan García, como sí las poseemos del régimen fujimorista. Lo que sí podemos afirmar es que, a diferencia de lo que ocurrió en la década nefasta del fujimontesinismo, en esta oportunidad no hubo una organización criminal. Lo que sucedió en la segunda administración de García fue, más bien, el aprovechamiento de una serie de núcleos de corrupción enquistados en diferentes instituciones del Estado. Y en estas redes enquistadas de corrupción aprista no hay una cabeza visible a la que deban responder. No hay una jerarquía entre los miembros de esta presunta organización criminal. Y eso de ninguna manera hace fácil el combate a la corrupción aprista. Por el contrario, es mucho más difícil combatir este tipo de redes. Porque aunque se logre identificar al funcionario corrupto y neutralizarlo, es muy probable que su reemplazante vuelva a cometer los mismos delitos y aprovecharse de esas redes. Ante esa situación se tiene que actuar con inteligencia. Y es por ello que la Procuraduría Anticorrupción ha aplicado estas dos unidades especializadas denominadas Observatorio de los delitos de corrupción y la Unidad de Inteligencia Financiera.

—Sin embargo, son evidentes los numerosos y destacables casos de corrupción del periodo presidencial 2006-2011 del exjefe de Estado aprista que son investigados por la Megacomisión parlamentaria, como los del Estadio Nacional, los colegios emblemáticos, el Banco de Materiales, los Decretos de Urgencia que facilitaron la liberalización de las concesiones sobre las obras públicas de gran envergadura, entre otros. ¿Configurarían éstos a un régimen que albergó a un nido de ratas que saqueó a sus anchas el país?
—Sí, evidentemente. Hay muchísima evidencia de que este gobierno (de Alan García) fue especialmente permisivo con la corrupción y empeñado en debilitar la lucha contra este flagelo, y ciertamente alentador de algunas políticas que suponían la posibilidad de albergar actos de corrupción dentro de las instituciones del Estado. Hay muchísimas investigaciones que está desarrollando la Megacomisión. Nosotros mismos tenemos una serie de investigaciones abiertas, a nivel del Ministerio Público, en la etapa de investigación preliminar, y la Procuraduría también hace sus pesquisas propias para poner en conocimiento de la Fiscalía de la Nación las conclusiones sobre investigaciones que podrían ser motivo de la apertura de procesos contra exaltos funcionarios del gobierno anterior aprista.


Javier Soto
Redacción


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