Alarcón calla y otorga

El presidente de Mivivienda, Guillermo Alarcón, sigue sin responder los graves cuestionamientos a su nombramiento en un programa que maneja más de dos mil millones de nuevos soles.

Por Diario La Primera | 08 febrero 2009 |  515 
Alarcón calla y otorga
Lo siguen protegiendo a pesar de sus numerosas deudas.
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Una vez más, el presidente del programa Mivivienda, Guillermo Alarcón, se negó ayer a responder a LA PRIMERA sobre los serios cuestionamientos que pesan contra él al haber infringido la ley Nº 26702 de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) que impide a los morosos a acceder a cargos públicos.

Después de varios días que ha evadido a LA PRIMERA, Alarcón contestó ayer su celular, y a nuestra pregunta sobre si es verdad que debe casi 40 mil dólares a diversas entidades y que figura en la central de riesgo de la SBS como una persona morosa sin capacidad de crédito, lo que, según la ley de banca lo descalifica para ser ejecutivo de una empresa financiera como el Fondo Mivivienda.

Se negó a responder aduciendo, primero, que estaba almorzando, y luego varió su versión para señalar que estaba en medio de una reunión ministerial, pasándonos inmediatamente con su asesor de prensa, quien dijo que era difícil que nos atendiera por tener mucho trabajo.

En la sede del Ministerio de Vivienda, bajo la presidencia de la titular Nidia Vílchez, se realizó ayer una reunión de los organismos públicos descentralizados del sector para analizar la ejecución de sus programas, aunque no pudimos confirmar si en la cita fue tocado el tema de Alarcón. El viernes pasado el presidente de la Comisión de Vivienda del Congreso, el aprista Elías Rodríguez, envió sendos oficios a la Contraloría y al órgano de control del programa Mivivienda para conocer exactamente sobre la situación financiera de Alarcón, para luego pronunciarse sobre su permanencia en el cargo o no. Ayer dijo que no hará comentarios hasta recibir esos informes.

A su vez, el congresista opositor José Maslucán pidió al gobierno explicaciones sobre su política de contratación de funcionarios y de lucha contra la corrupción, porque el caso de Alarcón no era aislado, ya que en varias oportunidades se ha descubierto a funcionarios que infringen normas, incurren en malversación y no tienen idoneidad para los cargos, sin que el Ejecutivo tome ningún tipo de medida correctiva. “No demuestra (el gobierno) transparencia”, enfatizó.

Susana Grados Díaz
Redacción
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