Alan quiere liberar a su aliado Fujimori

Presentarán acción de inconstitucionalidad contra los cuatro decretos legislativos (1094, 1095, 1096 y 1097) promulgados por el Ejecutivo que buscan beneficiar al ex dictador Alberto Fujimori.

Por Diario La Primera | 04 set 2010 |    
Alan quiere liberar a su aliado Fujimori
(1) El mandatario quiere que Fujimori salga de la Diroes. (2) Director adjunto del IDL, Carlos Rivera, desentraña decretos.

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INCONSTITUCIONAL

En tanto, Carlos Rivera añadió que parte de la estrategia de los abogados de los deudos impulsarán la presentación de una Acción de Inconstitucionalidad contra estos decretos. “Venimos coordinando con unos parlamentarios para que hagan el pedido en el pleno”, señaló Rivera.
La bancada nacionalista presentará este lunes una acción de inconstitucionalidad contra los cuatro decretos legislativos (1094, 1095, 1096 y 1097) promulgados por el Ejecutivo que buscan beneficiar al ex dictador Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por dirigir una guerra sucia en la que fueron cometidas violaciones a los derechos humanos.

“Los decretos pretenden que todas las violaciones a los derechos humanos perpetradas entre 1980 y 2000 tengan un plazo de prescripción, es decir, que existan barreras temporales que hacen imposible su persecución penal”, indicó el legislador Daniel Abugattás, vocero del Partido Nacionalista en el Congreso.

A su vez, Carlos Rivera, director adjunto del Instituto de Defensa Legal, dijo a LA PRIMERA que dichas normas deben derogarse y reiteró que son “una perfecta prueba de amor del presidente Alan García hacia Alberto Fujimori”.

“Creo que hay una estrategia política en marcha por el apuro de dictar estos decretos, por modificar de manera grotesca la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, con el objetivo de hacer que cuando llegue el caso de Fujimori a esa instancia este organismo tenga una sentencia amigable y beneficiosa”, estimó el letrado.

Barrios Altos y La Cantuta
De igual manera, David Velazco, director de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz), apuntó que estos decretos legislativos buscan el archivamiento de procesos judiciales sobre casos de violaciones de derechos humanos como las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, por las cuales fue condenado Fujimori, y que además involucra a los integrantes del Grupo Colina.

El director de Fedepaz criticó asimismo que el decreto legislativo Nº 1097, que adelanta la aplicación de algunos artículos del Nuevo Código Procesal Penal, indique que cualquier proceso cuya etapa de instrucción o de investigación preparatoria haya sobrepasado los plazos de ley pueda ser sobreseído. Es decir, un proceso judicial podrá ser concluido arbitrariamente al no haberse cumplido el plazo establecido.

Al respecto, Velazco explicó que el antiguo Código Procesal Penal establece un plazo máximo de 16 meses para realizar las investigaciones, mientras que el Nuevo Código Procesal Penal indica un plazo máximo de apenas ocho meses para realizar esa labor.

Sin embargo, el presidente del Congreso, César Zumaeta, indicó ayer que el Parlamento no permitirá que ocurran excesos con este nuevo paquete de decretos y negó, además, la existencia de un pacto para beneficiar a Alberto Fujimori. A su vez, el ministro de Defensa, Rafael Rey, señaló que el referido decreto legislativo Nº 1097 no beneficiará a Fujimori. “Están diciendo que esto es para Fujimori, no es el caso porque son normas aplicables sólo a policías y militares”, señaló. Agregó que tampoco se puede aplicar al Grupo Colina porque sus integrantes ya están sentenciados.

Denuncia contra denuncia
En tanto, el vocero de la bancada nacionalista, Daniel Abugattás, refirió que denunciará al congresista fujimorista Rolando Sousa ante la Comisión de Ética porque en su calidad de presidente de la Comisión de Justicia impulsó la entrega de facultades legislativas en materia de normas procesales y penitenciarias al Ejecutivo, cuando sólo habían solicitado legislar en materia militar-policial y el uso de la fuerza.

Abugattás añadió que con eso Sousa buscó beneficios para los clientes de su estudio jurídico que comparte con el abogado César Nakazaki, quien a su vez defiende a decenas de militares procesados por violar derechos humanos y también al ex dictador Fujimori.

“Denunciaremos a Sousa por hacer una ley con nombre propio, una norma para sus clientes, porque defiende a Fujimori y gran cantidad de militares. Que no venga a decirnos que está alejado de su estudio, eso es falso”, enfatizó Abugattás.

En respuesta, Sousa dijo que también denunciará a su colega nacionalista por decir que tiene un pacto con el gobierno para favorecer a Fujimori y que juega a favor de sus clientes. “¿Qué pacto puede haber? es falso eso, me siento orgulloso de haber dado esas facultades al Ejecutivo, es más, yo quisiera ser padre de esa criatura (paquete de decretos), pero no lo soy. El lunes voy a denunciar a Abugattás por ser un deslenguado, para que me pruebe que esa ley me beneficie si yo no tengo clientes”, sostuvo el fujimorista.

Sí ganan
Lo cierto es que, como lo advirtió a LA PRIMERA la abogada Karim Ninaquispe, el estudio jurídico Sousa & Nakazaki tiene un contrato con el Ministerio de Defensa para patrocinar a los militares enjuiciados por violar derechos humanos.

Ninaquispe, abogada de los deudos de la Asociación para el Desarrollo Humano Runamasinchiqpaq (Adehr), dijo que los casos Accomarca, Pucayacu II y Los Cabitos 1983 son llevados por el estudio del cual es socio el congresista Sousa, el cual cobra S/. 2 mil mensual por cada caso al Estado.

Marcelo Puelles
Redacción

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