Alan García defiende amnistía encubierta

El presidente Alan García respaldó la legalidad del cuestionado DL 1097 y a su mentor, el ministro de Defensa, Rafael Rey, que recurrió a los abogados de violadores de los derechos humanos para elaborarlo.

Por Diario La Primera | 13 set 2010 |    
Alan García defiende amnistía encubierta
Con sombrero y chalina, el presidente García saca cara por norma que lo favorece en el juicio por el caso El Frontón.
Avala que Rey haya consultado norma con abogados de violadores de derechos humanos.

Más datos

DETALLE

El decreto legislativo 1097 posibilita el sobreseimiento (que el fiscal se inhiba de hacer denuncia penal), por exceder el plazo de 36 meses en casos de violaciones de derechos humanos. García explicó también que, de acuerdo con la Constitución, serían los jueces los que interpretarán la norma.

Como se sabe, García podría ser investigado y, eventualmente, procesado por las violaciones a los derechos humanos cometidos en su primer gobierno, entre los que se recuerdan las masacres de los penales, Accomarca, Pucayacu y Cayara. A él se le acusa de haber ordenado esas matanzas.

Tras defender la participación de los abogados César Nakazaki y Sergio Tapia en la elaboración del decreto, García declaró que ello no demuestra injerencia en el trasfondo de la norma, a pesar que ambos abogados tienen como clientes a varios procesados y sentenciados por violaciones a los derechos humanos.

“(Que Rafael Rey haya pedido asesoría de Nakazaki y Tapia) no es incorrecto porque también ha consultado a quienes tienen opiniones contrarias (en referencia a las ONG) y a quienes son defensores de las personas que están procesadas y sentenciadas. Me parece que escuchar y conversar no es pactar”, sostuvo.

Culpa al Congreso
En otro momento, tras descartar que la emisión del decreto burle la confianza del Congreso que le otorgó facultades legislativas al Ejecutivo, alegó que en ningún momento se solicitó autorización para legislar en materia de derechos humanos, por lo que está “sorprendido” de que la mayoría de bancadas se opongan al DL.

“Acá hay una suma de errores pero no de parte del Poder Ejecutivo. Nosotros pedimos autorización legislativa para votar sobre el Código y el Fuero Militar Policial y nos llegó una ley que decía que el Ejecutivo también podía legislar sobre derechos humanos, extrañísimo”, dijo.

“Yo no hago cuestión de estado por esto, no es un problema, dieron autorización para legislar sobre algo que no pedimos”, añadió.

Ante el malestar de varios parlamentarios por el irregular decreto y el accionar de Rey, García respondió que antes de hablar de sacar a un ministro quisiera escuchar, cuanto antes, una discusión a fondo por parte del Legislativo.

“…se lavaron las manos enviando al Poder Ejecutivo una posición que no pedimos. Pero que no hagan una cuestión de estado, no es un tema de enorme dimensión que vaya a detener la marcha de la República, es un tema procesal, entonces invito al Parlamento que ponga en discusión cuanto antes el tema, que las bancadas expongan sus criterios y voten”.

“Me parece magnífico que la bancada aprista exprese su descontento, pero nadie les mandó a que votaran una autorización que no pedimos, (ahora) que respondan por eso”, replicó García.

En defensa del 1097
García encontró otra forma de defender el polémico decreto: dijo que el dispositivo está basado en algunos artículos del nuevo Código Procesal Penal y que simplemente es un adelanto de éste. “El DL 1097 se adelanta a unos artículos del (nuevo) Código Procesal Penal, que de todas maneras va a entrar en vigencia dentro de unos meses. Estos señalan que cuando pasan 36 meses de procesamiento, y no hay sentencia, entonces el proceso continúa sin el reo en cárcel, eso va a ser así de todas maneras. Lo que ha hecho este decreto es adelantar la vigencia de eso, porque si es bueno más adelante tiene que ser bueno ahora también”, argumentó.

Vanessa Ramos
Redacción

Diario La Primera

Diario La Primera

La Primera Digital
Diario La Primera comparte 119376 artículos. Únete a nosotros y comparte el tuyo.