Alan García debe aclarar nexos con Rodolfo Orellana y Benedicto Jimenez

El expresidente Alan García tiene la obligación de aclarar las acusaciones de presunta corrupción y nexos de su gobierno con la organización que lideraron el procesado empresario Rodolfo Orellana y el coronel (r) de la Policía, Benedicto Jiménez, afirmaron el vicepresidente de la comisión legislativa que investiga a la organización, Teófilo Gamarra y el analista político Juan Sheput.

| 24 noviembre 2014 12:11 PM | Política | 1.6k Lecturas
Alan García debe aclarar nexos con Rodolfo Orellana y Benedicto Jimenez
Alan García debe aclarar nexos con Rodolfo Orellana y Benedicto Jimenez
Critican su notorio silencio sobre red y le piden explicar por qué razones los investigados estaban en padrón del Partido Aprista.
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Gamarra manifestó que García debe responder con argumentos ante la Nación,por los vínculos expresos de su segunda administración respecto a Orellana, y dejar de persistir “en un silenció cómplice con esta organización criminal”.

Cada vez que aparece una información negativa, el Apra y Alan García siempre han aparecido, marcando su posición. Sin embargo, llama mucho la atención, y es hasta curioso, que cuando se trata el tema de la candidatura aprista de los señores Orellana y Jiménez, hagan mutis total y no se pronuncien sobre estos problemas de corrupción que se consolidaron en su segundo gobierno”, subrayó

Gamarra insistió en que el exmandatario debería explicar por qué esta mafia se consolidó justamente durante su última gestión.

Y durante ese tiempo aparentemente no se hizo nada por desactivar o desarticular a esta organización”, puntualizó.

El parlamentario cuestionó igualmente el doble estándar de García, de denunciar los actos de corrupción de su antecesor Alejandro Toledo y del presente régimen, mientras silencia y guarda por debajo de la alfombra los propios, como el que lo involucra con la referida entidad mafiosa.

Mientras tanto, el mutismo de García sobre la investigada corrupción orellanista que salpica a su última administración, resultaba escandalosamente notoria, al punto que ayer se dedicó a la aburrida tarea de postear, en su cuenta de twitter, dos de sus pasadas obras gubernamentales.

Igualmente, emitió dos comentarios relativos al economista conservador Ricardo Lago, que decían lo siguiente: “Entrevista a Ricardo Lago (Perú21). Atención al equilibrio fiscal: más gasto fijo y disminuyen los impuestos”. El mismo que está directamente vinculado a otro similar.

Asimismo, este fin de semana el exmandatario reapareció públicamente, en una actividad del Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín de Porres que dirige, solo para defender una vez más a su aliado, el fujimorismo, al cuestionar que el presidente Ollanta Humala “haya caído tan bajo” en su cuestionamiento a la dictadura del preso de la Dinoes.

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El integrante de la Comisión Orellana no descartó igualmente la posibilidad de que García pudiese ser convocado a declarar por estas vinculaciones ante su grupo de trabajo, dependiendo del curso de las pesquisas y las evidencias e indicios que se acumulen sobre este hecho.

Organización creció en el segundo gobierno aprista

El último gobierno de Alan García (2006-2011) fue también el mejor momento de la red de Rodolfo Orellana, de los doce años en los que operó en el país sin ningún problema. Fue el periodo en el que se expandió y ramificó por las principales instituciones públicas y privadas, como el Poder Judicial, Ministerio Público, los Registros Públicos, notarías, entre otros.

Orellana fue candidato a regidor metropolitano por Lima, en el 2006, en la lista del Partido Aprista Peruano, de su socio Benedicto Jiménez, con la venia absoluta del líder del partido y el resto de la cúpula aprista.

Beneficios con cartas-fianza ilegales

El principal beneficio que obtuvo la red de Rodolfo Orellana en la última gestión del expresidente Alan García fue las 54 cartas-fianza ilegales, emitidas por su cooperativa Coopex, para favorecer con licitaciones a empresas constructoras, aceptadas por diversos organismos o programas del Estado, como Agua para todos y Colegios emblemáticos, pese a no estar autorizadas por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).

El resultado de ello, según diversos informes periodísticos, fue un fraude por más de 56 millones de soles al Estado, caso que se investiga en el Poder Judicial, Ministerio Público y el Congreso.

Javier Soto


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