Ahora pretenden prohibir marchas

Una iniciativa legislativa presentada por la bancada de Unidad Nacional pretende otorgar a la Dirección General de Gobierno Interior en Lima y a los gobernadores en provincias la potestad de prohibir las manifestaciones y marchas “por motivos probados de seguridad o sanidad pública”.

| 21 marzo 2008 12:03 AM | Política | 519 Lecturas
Ahora pretenden prohibir marchas
Proyecto. Las marchas de protesta tendrán que ser autorizadas por el ministerio del interior.
Unidad Nacional presentó proyecto de ley para que Ministerio del Interior las desautorice “por motivos de seguridad”.

Más datos

EL DATO

En enero de 2003, el alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, mediante Decreto de Alcaldía Nº 060, prohibió las marchas por las calles céntricas de la ciudad, originando los reclamos de la ciudadanía.
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Actualmente, los organizadores de las marchas, movilizaciones o mítines sólo tenían que informar a las prefecturas con tres días de anticipación, de acuerdo al Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Ministerio del Interior. Esta dependencia otorgaba a los ciudadanos garantías para la realización de sus eventos en plazas y escenarios públicos.

El proyecto de ley de Unidad Nacional establece que las movilizaciones que se realicen en plazas o vías públicas requerirán “obligatoriamente el anuncio anticipado” a la Dirección de Gobierno Interior en la capital, una dependencia del Ministerio del Interior, y a las gobernaciones en provincias.

Entre otros requisitos, se exigirá que los organizadores sean personas que se encuentren en pleno ejercicio de sus derechos civiles, el plan de seguridad aprobado por la Dicscamec, un estudio de la incidencia acústica de los equipos sonoros que se van a utilizar, además de la fecha, hora y lugar donde se va a realizar.

También se obligará a los manifestantes a dejar los espacios públicos utilizados de la misma manera en la que los encontraron. En caso de daño a la propiedad privada o a la integridad de las personas se responsabilizará penal y pecuniariamente a los organizadores, que previamente firmaron una declaración jurada al respecto.


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