Ahora faltan 20

Especialista Reynaldo Trinidad afirma que 24 decretos legislativos fueron hechos saltando el requisito constitucional de la consulta, por lo cual deben ser derogados. “Ya van cuatro (1090, 1064, 1015 y 1073), faltan veinte”, dice.

Por Diario La Primera | 22 junio 2009 |  523 
Ahora faltan 20
(1) “Es importante saber quiénes son las personas que hicieron los decretos”, dice. (2) Celebran derogación del 1090 y 1064 y esperan otras anulaciones. (3) Benavides, ¿el hacedor?
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El especialista en temas agrarios, Reynaldo Trinidad, director de la revista “Agronoticias” y vocal de la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro), dice que si estás consultas no son derogados o revisados inmediatamente hay posibilidad que los Andes se levanten, así como los amazónicos. Denuncia también que los dispositivos tienen nombre propio y fueron elaborados a solicitud de Lobbys jurídicos extranjeros.

- ¿Hay un antes y un después del 5 de junio?
- Sí, creo que lo más importante es que el gobierno ha reconocido, aunque tácitamente, que los convenios internacionales firmados por el Perú con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, otorgan derechos de consulta y consentimiento a las poblaciones indígenas y amazónicas que representan el 90% del agro para que se hagan las normas.

- ¿De aquí en adelante todos los gobiernos requerirán consultar y además tener el consentimiento de estas comunidades para decidir sobre sus tierras?
- De ahora en adelante se ha reconocido que la consulta y el consentimiento de las comunidades campesinas y nativas son requisitos con rango constitucional para decidir cualquier cosa que se quiera hacer en sus tierras. No se podrá decir: ya consultamos, ya cumplimos. Se tiene que tener su consentimiento.

- ¿Cuántos decretos han desconocido este prerrequisito?
- En total eran 24 los decretos que tenían que ver con las comunidades, del paquete promulgado por el presidente Alan García. Ya se han derogado 4 (1090, 1064, 1015 y 1073), entonces quedan 20 decretos que deben ser igualmente derogados.

- Los pueblos amazónicos piden que se deroguen siete.
- Las comunidades nativas amazónicas reclamaban sobre un total de 11 y ahora sólo le quedan siete. Pero la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro), que es la Confiep del agro, viene pidiendo desde el año pasado que se revisen 24, menos cuatro, ahora 20, que se explique su necesidad para el campo, uno por uno, pero el gobierno no ha querido. Ahora, el gobierno está obligado, como lo dicen el Convenio 169 y la declaración de la ONU a consultar y obtener el consentimiento previo. Si no fue así deben ser declarados nulos ipso jure.

- ¿Qué acciones de reclamo han realizado al respecto?
- Le hemos mandado siete cartas al primer ministro y al ministro de Agricultura pidiéndole la revisión de estos decretos, con participación de la Comisión de Agricultura del Congreso, pero nunca nos han respondido. Si la situación continúa así, ahora verán levantarse a los Andes, porque están pidiendo mucho tiempo que esos decretos sean revisados y explicados por el Ejecutivo.

- ¿Cómo afectan a las comunidades andinas estos 20 decretos?
- Por ejemplo, el decreto 1063 (Ley de Adquisiciones Estatales y Bolsa de Productos) establece que el Estado puede comprar tanto a los agricultores peruanos como norteamericanos, pero el nacional sería perjudicado porque en Estados Unidos se subsidia al productor. El 1062 (Ley de Inocuidad de Alimentos) y el 1080 (Ley General de Semillas) en el fondo han sido concebidos para encubrir la penetración de los transgénicos. Igualmente, el 995, 1020, 1077, 1089, 997, 1060 contienen varias trampas para los agricultores de la sierra y en algunos casos de la selva.

- ¿Además de inconstitucionales son también perjudiciales?
- No en todo son perjudiciales, algunos tienen ciertas cosas positivas, aunque la objeción es por qué no fueron consultados. El problema es que quienes elaboraron los decretos legislativos vinculados al agro fueron asesores y consultores especialmente contratados por el Ministerio de Agricultura, inclusive malversando fondos y respondiendo a lobbys jurídicos externos.

- ¿Han identificado a quienes representan estos lobbys?
- Hemos solicitado la información, pero hasta ahora no la han entregado. La Comisión de Agricultura del Congreso también la ha solicitado, pero no ha obtenido respuesta. Hemos pedido la relación de asesores y consultores que fueron contratados por el Ministerio de Agricultura para asesor en lo relativo al TLC con Estados Unidos, pero hasta ahora no la entregan porque allí aparecerán con seguridad quienes se benefician con estos decretos.


Normas con nombre propio

- ¿Estamos hablando de “faenones” detrás de los decretos agrarios?
- Pero por supuesto, cada decreto legislativo tiene nombre propio y fue elaborado a favor de ciertos beneficiarios. Pero ahora esto se les ha caído y han tenido que derogar ya cuatro. Por eso es importante saber quiénes estuvieron detrás.

- ¿Cómo es el tema de la malversación de fondos para contratar asesores?
- En la gestión de Ismael Benavides como ministro de Agricultura se contrató a consultores y asesores malversando un presupuesto asignado para pagar compensaciones por formalización del comercio a los productores de algodón (que entregaban su producto a las desmotadoras), a fin de evitar la evasión del IGV. Este fondo desde el 2002 representaba ingresos de 60 millones, menos 25 que se entregaba por compensación, en total con 35 millones disponibles. Resulta que en el 2008 no se entregó la compensación y se utilizó en el pago de estos asesores.

Esvieta Topovich
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