Activistas de Derechos Humanos emplazan a Villa Stein

El representante del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera; el director de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Francisco Soberón, y el secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Ronald Gamarra, expresaron ayer su condena al criterio que la Sala Penal Nacional está utilizando para absolver a los militares acusados de cometer violaciones de derechos humanos.

Por Diario La Primera | 23 oct 2009 |    

El abogado Carlos Rivera destacó las últimas sentencias absolutorias de la Sala Penal Nacional como la del 5 (caso de Constantino Saavedra) y 13 de octubre (caso Los Laureles) pasados, que favorecieron a los militares acusados de cometer crímenes de lesa humanidad, con el rechazo a la figura de la autoría mediata para librar a los inculpados de la cárcel.

“Dicen que no hay una prueba directa. Dicen que la parte civil y la Fiscalía no han presentado documentos de que la persona haya estado desaparecida, que no han presentado documentos que demuestren que los jefes del comando conjunto militar, Petronio Fernández Dávila y Oswaldo Jancke Velazco (caso Los Laureles), hayan dado órdenes escritas para desaparecer esas personas. Dicen que no se ha demostrado que los militares procesados sean parte de un aparato de poder organizado, cuando pertenecen al Ejército”, dijo a LA PRIMERA.

Por su parte, Ronald Gamarra comparó estas resoluciones judiciales con el argumento del abogado de Alberto Fujimori, César Nakazaki, quien aseguraba que su patrocinado era inocente porque no había ninguna orden escrita que certificara una orden de asesinato.


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