35 años de cárcel por “moqueguazo”

Una pena de 35 años de prisión solicitó la Fiscalía para la ex presidenta regional de Moquegua, Cristala Constantinides, y el presidente del Frente de Defensa de los Intereses de esta región, Zenón Cuevas, por haber encabezado las protestas realizadas en junio de 2008, conocidas como “moqueguazo”.

| 02 octubre 2009 12:10 AM | Política | 1.7k Lecturas
Pretenden acallar a Zenón Cueva y otros luchadores.
Fiscal pide esa pena para ex presidenta regional Cristala Constantinides y para titular del Frente de Defensa, Zenón Cueva.

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La abogada Gloria Cano sostuvo ayer que la Fiscalía, al pedir una pena de 35 años de cárcel para las autoridades y dirigentes regionales acusados de ser los responsables del denominado “moqueguazo”, lo que está haciendo es castigar un acto de protesta social.
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La denuncia por presuntos delitos de extorsión, coacción y secuestro de policías, comprende además a la dirigente Katherine Maldonado y a Julio Aráoz, asesor legal del citado frente. El Ministerio Público pidió 35 años para la primera y 25 años de cárcel para el abogado, informó una corresponsal de Ideeleradio.

Los denunciados tendrán diez días hábiles para presentar los descargos correspondientes. Luego esa instancia programará una audiencia pública y, si procede la acusación, empezaría la etapa de juicio oral.

La acusación fiscal, enmarcada en la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, fue presentada el lunes 28 de setiembre ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de Moquegua, a cargo de Ruth Huayla.

En diciembre de 2008 el Ministerio Público solicitó prisión preventiva para nueve de los 20 ciudadanos acusados de diversos delitos cometidos el 16 de junio de 2008, cuando la policía se enfrentó a miles de manifestantes en el Puente Montalvo.

Más de medio centenar de efectivos, entre ellos el general PNP Alberto Jordán, entonces jefe de la XI Dirección de la Región Policial Sur, fueron retenidos por una multitud de moqueguanos, que se encontraban en huelga para demandar la reforma de la distribución del canon minero.

Según diversos medios de prensa y opiniones políticas, la responsabilidad por la debacle policial llega al entonces director general de la policía, Octavio Salazar, y al jefe de operaciones policiales, Julio Vergara.

La acusación recoge informes policiales y testimonios de generales y oficiales, que revelan que Salazar dio una orden que casi mata gente y encendió los ánimos de los manifestantes.


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