Legítima defensa con trabas

Miles de limeños tienen un arma de fuego para defenderse de los delincuentes pero usarla les puede ocasionar ir a prisión si se causa la muerte, a pesar de ser asaltados en su propia casa.

| 05 diciembre 2011 12:12 AM | Policial | 3.4k Lecturas
Legítima defensa con trabas
Si causa la muerte de un delincuente, puede ser denunciado por el fiscal si es que no demuestra que actuó en legítima defensa.
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Los continuos asaltos en la capital y las principales ciudades del país, a medida que se acercan las fiestas de fin de año, han puesto en alerta a los vecinos quienes además de colocar rejas por todos lados también obtienen armas para defenderse de los delincuentes. El problema es que si por las circunstancias del asalto, una persona agredida, propietaria de un arma de fuego y con licencia, causa la muerte de un delincuente, puede ser denunciada por el fiscal si es que no demuestra que actuó en legítima defensa y que ambos estaban en igualdad de condiciones.

A este panorama hay que añadirle la cantidad de noticias de asaltos y asesinatos por parte de delincuentes que predisponen a los ciudadanos y los inducen a agenciarse de armas para la defensa personal, ante la inoperancia de las autoridades.

La parte legal
Para el especialista en derecho penal Luis Lamas Puccio, en la legislación peruana, la defensa propia es considerada formalmente como causal para eximir de responsabilidad penal a la persona que causó la muerte de otra. En el 2009 se modificó el Código Penal sobre la ley de defensa propia y, a partir de allí, se mejoró la situación de las personas en caso de ser asaltados y con muerte de alguno de los delincuentes. Sin embargo no todo está a favor de las víctimas de robo. “Para que proceda la legítima defensa, actualmente se requiere que una persona actúe con proporcionalidad a los medios utilizados por el delincuente y sobre todo poder probarlo”, señala Lamas Puccio. Explicó que la Policía analizará la situación en que se produjo la muerte. Si se determina que una persona actuó en legítima defensa el representante del Ministerio Público se abstendrá de denunciar o acusar, pero si no se puede probar que fue en defensa propia, el fiscal dispondrá su detención y será investigado en prisión por un juez.

“Todo hecho tiene sus propias circunstancias. Además de la proporcionalidad se analizarán otros aspectos como la peligrosidad del delincuente. El fiscal tendrá en cuenta si estaba armado y qué arma tenía, si el delincuente estaba por una zona oscura, si tiene antecedentes, si el agraviado tenía licencia de portar armas y si advirtió que tenía un arma, etc.”, indicó el especialista.

Estado de ansiedad
Para el sicólogo Manuel Saravia, director del Instituto Guestalt, las personas que son asaltadas o están frente a un delincuente presentan un cuadro de ansiedad que los hace perder el control de sus actos y solo pensar en defenderse. “Una persona asustada no calcula su reacción. Está en estado de ansiedad”, afirmó.

Saravia explicó que en estos casos, una persona mata a un delincuente a través de actos involuntarios, es decir no quiere matarlo pero se ve amenazado y no puede saber cuál es la intención del agresor.

“Las noticias de muertes o asesinatos e impunidad de los delincuentes predisponen al público a estar armados y disparar al encontrar a un delincuente en su casa; se debe tener en cuenta eso”, afirmó el director de Guestalt.

Discamec: Una persona puede tener 5 armas
En la actualidad y según la ley, una persona puede tener hasta cinco armas de fuego y 600 municiones, las mismas que son consideradas excesivas por el titular de la Dirección de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Munición y Explosivos de uso Civil (DICSCAMEC), Carlos Aguirre Carbajal.

Debido a ello, su institución planteará la modificación de la ley y reducir el número de armas a solo dos y las municiones a cien unidades mensuales.

“Estamos en proceso de reestructurar la normatividad vigente que data del año 2005, porque vemos que la inseguridad ha crecido y es necesario restringir el acceso a las armas”, manifestó.

Advirtió que en la actualidad circulan legalmente a nivel nacional unas 200 mil armas de fuego, la mayoría en poder de empresas de seguridad pero un número similar podría estar en el mercado negro.


Alejandro Arteaga


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