Procesados por caso Gina Pinchi a prisión

La Primera Sala Penal de Apelaciones de Piura declaró nula la sentencia que absolvió a los presuntos integrantes de la red de trata de personas y proxenetismo que mantuvo secuestrada con esos fines a la ciudadana Gina Pinchi sin que sea auxiliada por las autoridades a pesar de las denuncias que realizó.

| 03 mayo 2013 12:05 AM | Nacional | 2.8k Lecturas
Procesados por caso Gina Pinchi a prisión
Sentencia que dejaba libre a cuatro procesados por trata de personas fue anulada.
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Los involucrados en estos delitos son Nilson Baltazar Prado Chicoma, Máximo Mogollón Peña, José Luis Piscolla Paz y Roycer del Castillo García quienes trabajaban en el night club La Noche. Todos fueron absueltos por el Juzgado “A”, presidido por la jueza Socorro Nizama, quien emitió esta cuestionada sentencia por insuficiencia de pruebas.

Para anular la decisión judicial, se verificó que el argumento emitido por Nizama fue inválido, pues desconoció la situación de las víctimas de trata de personas en el país. El caso más resaltante es el de Gina Pinchi, la única víctima que logró escapar de esta red y quien actualmente se encuentra bajo la protección del Ministerio Público debido a las amenazas que recibió tras esta denuncia.

Pinchi denunció que fue explotada laboral y sexualmente durante más de dos años y no logró encontrar apoyo de ninguna autoridad, además de ser testigo de la presencia de funcionarios públicos como clientes de este establecimiento.

Según medios locales, la Sala desconoció, además, que una persona mayor de edad puede ser coaccionada para obligarla a mantener relaciones sexuales de manera involuntaria y vulnerar así sus derechos.

Otro elemento considerado para anular esta sentencia es la investigación a nivel fiscal por el delito de lavado de activos contra el principal procesado, Carlos Chávez Montenegro, en donde se verifica que en ese local se ejercía la prostitución.

De modo paralelo a la investigación, se sentenció a Nilson Prado Chicoma, administrador de La Noche por el delito de proxenetismo y trata de personas en agravio a una menor de edad en este local.

Este caso generó la indignación de diversas organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos y del Congreso de la República. La Defensoría del Pueblo también se pronunció al respecto, emitiendo un Amicus Curiae, que será considerado al retomar el proceso.

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