Ni leen lo que dictaminan

En un hecho inaudito, los magistrados que integran la Primera Sala Transitoria que preside el magistrado Duberlí Rodríguez Tineo de la Corte Suprema (la misma que debe confirmar o revocar la condena de 25 años impuesta al ex dictador Alberto Fujimori por los casos Barrios Altos, La Cantuta y los secuestros de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer) respondieron de tres formas diferentes a un mismo pedido de la defensa de la Municipalidad Provincial de Ilo, en el proceso seguido por corrupción al ex alcalde, Jorge Mendoza Pérez. Lo más grave es que, en las resoluciones, deniegan el pedido del abogado de la parte demandante como si lo fuera del encausado.

| 28 setiembre 2009 12:09 AM | Nacional | 28.5k Lecturas
Ni leen lo que dictaminan
Mala intención o simple descuido que deja muchas dudas.
Escándalo por caso de corrupción en Ilo, magistrados responden de forma distinta a un mismo pedido. No saben ni lo que firman.

Más datos

DETALLE

El 17 de enero del 2008 el Tribunal Constitucional (TC) pidió al Órgano de Control Interno de la Magistratura (OCMA) que sancione a tres vocales de la Corte Superior de Junín por no haber leído ni estudiado un expediente y haber resuelto de forma extravagante, entre ellos estaba el magistrado Sócrates Zevallos, que hoy pertenece a la Corte Suprema y que tiene a cargo procesos contra los ex congresistas José Anaya, Tula Benítez y Elsa Canchaya.
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LA PRIMERA tuvo acceso a los escritos presentados a dicha Sala por el abogado de la Municipalidad de Ilo, Carlos Cárdenas, en tres oportunidades distintas, los días 7, 14 y 16 de setiembre debido a que no obtenía respuesta, solicitando la devolución de lo actuado al Ministerio Público para lograr que el fiscal supremo, José Peláez Bardales, rectifique su fallo a favor del ex burgomaestre de Ilo, en torno al recurso de nulidad que éste presentó para dejar sin efecto las sentencias condenatorias dictadas en su contra en primera y segunda instancia.

Es así que, ante el documento presentado el 7 de setiembre, afirman: “téngase presente al momento de resolver”, al del 14 “no ha lugar a su pedido”. Y al último, del 16, señala: “agréguese a su antecedente”, a pesar que los tres tienen el mismo contenido. Incluso, en la cédula de notificación dirigida al doctor Cárdenas, se deniega sus requerimientos como si fuera abogado del procesado, aduciendo que ya señaló fecha y hora para la vista de la causa para el 1 de octubre.

Al referido ex burgomaestre se le imputa el delito contra la administración pública y otro en agravio del Estado por haber otorgado licencia a la empresa de transporte Flores para la construcción de un terminal en plena Plaza de Armas, cuando le correspondía hacerlo en primera instancia a la Gerencia de Servicios de la Municipalidad.

El polémico alcalde además está implicado en otros actos de corrupción como lo han corroborado las confesiones sinceras de sus cómplices. La justicia debe tener la última palabra.

Vilma Escalante
Redacción

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