¿Esclavitud moderna en Ayrabamba?

Máximo Pizarro Ayala, vicepresidente de la Comunidad Campesina de Ayrabamba, denuncia presiones para que desista en su lucha para que la comunidad obtenga el derecho de ser reconocida oficialmente.

| 12 enero 2013 12:01 AM | Nacional | 2.7k Lecturas
¿Esclavitud moderna en Ayrabamba?
Comunidad Campesina de Ayrabamba solicita reconocimiento oficial y ser los auténticos dueños de esa tierra en la que también vivieron sus ancestros.
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La Comunidad Campesina de Ayrabamba es una colectividad del distrito de Concepción, provincia de Vilcashuamán, departamento de Ayacucho, y actualmente busca su reconocimiento oficial. Pero trabajadores de la empresa J. J. Camet los presionan para que desistan de su derecho.

Máximo Pizarro Ayala, comunero y vicepresidente de la Comunidad Campesina de Ayrabamba, denuncia que la empresa no quiere que los comuneros pasen a ser propietarios oficiales de las tierras que sus ancestros ocupan desde siempre.

Gracias a la Reforma Agraria, puesta en marcha en el gobierno del presidente Juan Velasco Alvarado, en los años 70, los comuneros de la zona del valle del río Pampas también pasaron a ser dueños de las tierras que trabajaban y en las cuales vivían sus ancestros desde que se tiene memoria.

Sin embargo, una de las haciendas, la del señor César Parodi, dueño entonces, hace pasar a la comunidad, ante el Ministerio de Agricultura, como una empresa en que los trabajadores eran socios: la resolución 199-80 del Ministerio de Agricultura, zona agraria Ayacucho, dice: “Que, el predio mencionado está conducido en su totalidad en forma personal y directa por su propietario con participación de los trabajadores permanentes quienes son socios netos de la empresa”.

Estos socios, los comuneros, fueron los que se quedaron en el terreno tras la época de la violencia política que se vivió en los 80 y 90; se quedaron porque no tenían a dónde ir. Es en los años 80 que los dueños abandonaron la hacienda. No solo en Ayrabamba, sino también en otras haciendas sucedió lo mismo. Los trabajadores y los hijos de ellos se quedaron por más de 30 años en esas tierras.

Han pasado 33 años desde que por esa comunidad no asoman los anteriores dueños, y los comuneros, desde mayo de 2012, buscan ante el Ministerio de Agricultura de la región Huari su reconocimiento oficial. Solicitan la inspección ocular (para certificar que existe una comunidad de hecho), pero “la entonces jefa del Catastro, Mary Luz Bustamante, adujo que no había fondos para la inspección ocular”, dice Máximo Pizarro: “La solicitud del reconocimiento oficial debía darse en 30 días, pero esta señora se demoró más de tres meses aduciendo que no tenía fondos. Estaba coludida con Alexis, uno de los hijos de César Parodi, y por ello la sacaron de jefa de Catastro. Ella, junto al abogado Celso Salazar Sihue, familiar directo del director regional de Agricultura de Ayacucho, Ismael Leonidas Oscco Sihue, paralizaron la diligencia de inspección ocular. Por ello la cesan el 26 de octubre y a cambio de ella ingresa el ingeniero Ulises Avilés. Pero ella, una vez cesada, seguía dictando resoluciones el 30 de octubre y el 5 de noviembre, parcializándose con el supuesto dueño”.

NUEVAS PRESIONES
Esta comunidad ha sido reconocida de hecho por diferentes gobiernos. Incluso, en el gobierno de Valentín Paniagua se inauguró el sistema de agua potable; queda una placa como muestra de aquella gestión.

“Como el ingeniero Avilés nos dio la fecha y hora de inspección para el 7 de diciembre de 2012, llegaron Alexis Parodi, su abogado, y trabajadores de J. J. Camet a las tierras a fines de noviembre, llevando golosinas, panetones, para la gente, diciendo que querían pagar, reconocer el tiempo de servicios y todas esas cosas, pero, por otra parte, ya habían traído en camiones cemento, fierros, puertas metálicas, para cerrar la vía de entrada hacia la comunidad”, denuncia Máximo Pizarro: “Llegaron juntamente con J. J. Camet, el señor Carlos Freyle y alrededor de 15 matones. Organizando a los trabajadores los sacamos fuera del límite de esas tierras. Luego de que se fueron, la noche del lunes 29 de noviembre comenzaron a hostigarnos, a eso de las 9 p.m. Querían conversar el señor Carlos Freyle y otros trabajadores de J. J. Camet y posesionarse del lugar para impedir la inspección ocular, última instancia para el reconocimiento de la comunidad”.

El 7 de diciembre se dio la inspección ocular, pacíficamente, pero hasta ahora no reconocen a esta comunidad.


Marco Fernández
Redacción


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