Azúcar inflamada en Agropucalá

Desde hace varios años, la empresa azucarera Agropucalá, ubicada en el departamento de Lambayeque, a corta distancia de la ciudad de Chiclayo, figura en la lista de los conflictos vigentes de la Defensoría del Pueblo y, lo que es mucho peor, cada cierto tiempo sus problemas pasan hacia las páginas policiales de los diarios. En setiembre de este año, la secretaria del Tercer Juzgado Especializado Civil de la Corte de Lambayeque fue asesinada por dos sicarios a bordo de una moto cuando salía de su vivienda. Este juzgado tiene a su cargo el caso Pucalá, con una actuación sumamente discutida en la que abundan denuncias de presiones indebidas y extorsión contra el propio juez titular, Óscar Tenorio Torres.

| 09 octubre 2012 12:10 AM | Nacional | 1.4k Lecturas
Azúcar inflamada en Agropucalá
Conflicto se agrava en empresa norteña debido a malas decisiones judiciales.Tema figura entre los conflictos mostrados por la Defensoría del Pueblo.
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Agropucalá, como la mayoría de azucareras norteñas, es una gigantesca mina de oro (de azúcar), cargada de deudas y reclamos que afectan sus actividades y ponen en riesgo su continuidad. De acuerdo a versiones de los trabajadores acreedores, como Mario Cabrera, dedicados a habilitar la compra de azúcar, han podido convertir una deuda de 2 millones de soles en una de 60 millones gracias a la valorización judicial sobre las moras e intereses. Esto le permitió demandar fuertemente a la empresa, que a su vez había iniciado una reestructuración interna atrayendo capitales privados y a asociarse para sanear la situación. La discusión sobre la verdadera deuda y la administración de la empresa está sobre la mesa desde el año 2007, cuando se inicia la reestructuración y ha dado lugar a protestas laborales y sociales, a duros enfrentamientos y a la represión policial.

El hecho es que hasta ahora, el juez Tenorio Torres ha nombrado hasta tres administraciones, incurriendo en graves errores al no permitir la discusión de sus propuestas con todos los implicados: trabajadores, inversionistas y acreedores. Esto ha hecho que se nombre a acreedores directos para la Junta de Administración o relacionados familiarmente, o personas con antecedentes judiciales. Peor aún, algunos de los administradores se han quejado ante los trabajadores que siempre hay un miembro de la Junta que responde directamente al juez y que eso podría significar fugas de dinero. En todo caso, los riesgos de violencia y de enfrentamiento de grupos son muy altos y requieren acciones urgentes del Poder Judicial para cambiar el curso de los acontecimientos. A decir de los trabajadores, para empezar debería pasarse el caso a otro juzgado y constituirse una administración con garantías de respeto de los intereses de todas las partes.


Raúl Wiener
Unidad de Investigación

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