Tribunal cercado

El Tribunal Constitucional aplazó el fallo sobre la legalidad de la Asamblea Constituyente y la Shura (Cámara Alta) después de que miles de islamistas rodearan la sede en respaldo al presidente Mohamed Mursi, que anunció la celebración de un referéndum para ratificar la nueva Carta Magna.

| 03 diciembre 2012 12:12 AM | Mundo | 556 Lecturas
Tribunal cercado
Sesión de Corte fue frenada.
Los islamistas egipcios impiden sesionar a Corte Constitucional que debía validar legalidad de nueva Constitución.
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La Corte, además, se declaró en huelga para protestar por la manifestación que impidió a los jueces examinar el caso de la Constituyente. El tribunal que ya declaró la disolución de la Asamblea Popular (Cámara Baja) el pasado junio, debía pronunciarse sobre la legalidad del comité encargado de redactar la Constitución y la Cámara Alta.

Para evitar el probable veredicto de disolución, Mursi redactó una declaración constitucional que sitúa sus resoluciones y las de la Asamblea Constituyente por encima de la ley. En medio de la crisis, los islamistas precipitaron la votación del borrador de Constitución que será sometido a plebiscito el 15 de diciembre.

La sede constitucional permanece rodeada por miles de partidarios del presidente egipcio que acusan a los jueces de liderar la “contrarrevolución” y servir a la dictadura derrocada de Hosni Mubarak.

Los mayores cuestionamientos al borrador de la Carta Magna indican que no reconoce la igualdad de género y convierte al Estado en protector de “la verdadera naturaleza de la familia egipcia” o de “la ética, moral y orden públicos”.

El texto precisa que las autoridades, además, deben velar por el equilibrio entre las obligaciones familiares y el trabajo público de las mujeres; salvaguarda los privilegios del estamento militar; no prohíbe los juicios castrenses a civiles; reduce la libertad de credo a las tres religiones monoteístas y limita la libertad de expresión al prohibir la blasfemia contra personas y profetas.

En tanto, la oposición se debate entre el boicot y el voto en contra y estudia llamar a una huelga general y a actos de desobediencia civil para frenar la aprobación del texto legal. Por su parte, el Club de los Jueces ya amenazó con no supervisar el referéndum si Mursi no retira el decreto.


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