Mursi negocia con los militares

Los ganadores de las elecciones egipcias, los Hermanos Musulmanes, están buscando acuerdos con el Ejército acerca del poder que tendrá Mohamed Mursi, el primer presidente islamista del país, así como la suerte del disuelto Parlamento, en el que tenían mayoría legislativa.

| 27 junio 2012 12:06 AM | Mundo | 717 Lecturas
Mursi negocia con los militares
En Egipto derogan norma que permitía a militares detener a civiles sin orden judicial.
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Mursi ya se instaló en el palacio presidencial y el sábado jurará el cargo de jefe de Estado, que era ocupado por un miembro del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas desde que Hosni Mubarak dimitió en febrero de 2011.

Essamd Haddad, dirigente de los hermanos y ayudante de Mursi, señaló que están trabajando con el Ejército para “alcanzar un compromiso en varias cuestiones para que todas las partes puedan trabajar de forma conjunta en el futuro”.

Haddad señaló que en las conversaciones se han tratado los posibles cambios que puede sufrir el decreto constitucional que limita el poder del presidente. “No aceptamos tener un presidente sin poderes. La solución que se baraja es retirar esas restricciones para que el presidente Mursi pueda cumplir con lo que prometió”, indicó.

El dirigente de los hermanos afirmó que los militares seguirán controlando su presupuesto y algunas cuestiones internas, pero no podrán intervenir en la comisión que redacta actualmente la Constitución.

En tanto, la Corte Administrativa Suprema decidió anular el decreto que otorgaba a la policía militar la capacidad de arrestar a civiles sin necesidad de un permiso judicial. El fallo llegó dos días después de la victoria de Mohamed Mursi.

El decreto otorgaba amplios poderes a las Fuerzas Armadas, normalmente reservados a la policía. Entre los delitos incluidos dentro de la ley marcial, figuraban los “crímenes y faltas dañinos para el gobierno”, el “desacato a la autoridad”, la “posesión de explosivos”, “la obstrucción del tráfico”, e incluso acciones de huelga en instituciones públicas.

Las organizaciones de derechos humanos se opusieron al decreto, que describieron como un intento de restaurar el estado de emergencia, levantado el pasado 1 de junio después de 30 años en vigor.

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