Evo nacionaliza la electricidad

El gobierno del presidente Evo Morales nacionalizó cuatro filiales de la empresa española de electricidad Iberdrola, con el fin de brindar un servicio más equitativo y justo a las poblaciones de las ciudades de La Paz y Oruro.

| 30 diciembre 2012 12:12 AM | Mundo | 739 Lecturas
Evo nacionaliza la electricidad
Por altas tarifas cobradas a sectores rurales por cuatro filiales de empresa española. Madrid exige pronta indemnización.
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Los estudios de campo evidenciaron la existencia de una brecha grande entre las tarifas eléctricas de las zonas rurales y las urbanas, “por lo que se procedió a la nacionalización de las cuatro filiales”.

Evo Morales, acompañado por el vicepresidente Álvaro García Linera y el ministro de Hidrocarburos y Energía, Juan José Sosa, afirmó que la medida “garantizará el derecho humanitario a la electricidad que tienen los ciudadanos que viven en el área rural”.

El Jefe del Estado citó el caso de La Paz, donde la tarifa eléctrica urbana en promedio es de 0,63 bolivianos (0,09 dólares) por kilovatio/hora, mientras en el área rural es de 1,59 bolivianos (0,23 dólares), más del doble.

Al igual que en anteriores expropiaciones, se dispuso que la compensación provendrá de una tasación realizada por una empresa independiente, en el plazo de 180 días hábiles. La Empresa Nacional de Electricidad (Ende) asumirá el control de las cuatro empresas nacionalizadas.

Tras la medida, el gobierno español de Mariano Rajoy lamentó la decisión del gobierno de Evo Morales de nacionalizar cuatro filiales de Iberdrola y expresó su deseo de que la eléctrica española sea indemnizada de manera “justa”.

“España lamenta la decisión del gobierno boliviano de nacionalizar estas cuatro empresas, que tienen entre sus accionistas a empresas españolas, argentinas y norteamericanas”, señaló un comunicado de la Cancillería.

“El gobierno de España espera que el proceso de evaluación del valor de la empresa nacionalizada se realice con criterios exigentes de objetividad que permitan establecer la justa indemnización a la que los accionistas tienen derecho sin dilaciones innecesarias, tal y como han reclamado”, añadió el despacho del canciller José Manuel García-Margallo.


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