El gobierno ajusta a la banca

La banca española se verá obligada a realizar cuantiosas ampliaciones de capital, solicitar aportaciones de capital público y profundizar el proceso de consolidación para cumplir con las nuevas provisiones adicionales de 35.000 millones de euros, fijadas por el gobierno para evitar colapsos financieros.

| 11 mayo 2012 12:05 AM | Mundo | 708 Lecturas
El gobierno ajusta a la banca
Rajoy habla de reforma financiera.
Temeroso de una crisis financiera el gobierno español alista una nueva reforma financiera para evitar intervenciones.
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Los bancos se vieron en apuros luego que estallará la “burbuja inmobiliaria” que entregó cuantiosas sumas de dinero que no pudieron ser devueltas por los acreedores. Ahora el gobierno prepara medidas para recuperar la confianza de los mercados internacionales en el sector inmobiliario español y evitar nuevas estatizaciones, como las de Bankia.

“La presión ahora mismo es muy elevada y el descrédito sería enorme si no se aprobase este viernes”, manifestó una fuente de una entidad bancaria. Los bancos españoles, que ya tienen que depositar alrededor de 54.000 millones de euros adicionales por los activos considerados tóxicos (créditos dudosos), deberán aumentar ahora la provisión genérica del siete hasta un máximo del 30 por ciento en los créditos al sector inmobiliario considerados no dudosos.

Además, el Ejecutivo está planteando la creación de sociedades fuera de balance (“bancos malos”) para avanzar en el saneamiento de las carteras inmobiliarias de la banca, con el fin de convencer a los inversores de que las entidades de crédito no necesitarán del rescate de las instituciones internacionales.

La nueva regulación afectará a algunas entidades de tamaño mediano como Banco Mare Nostrum, Liberbank y Unicaja, que sondean diferentes alternativas de integración debido a su elevada exposición inmobiliaria y a su escasa capacidad para afrontar las nuevas exigencias.

Fuentes del gobierno y del sector bancario manifestaron además que el plan de saneamiento se completará con el traspaso de los activos inmobiliarios ya provisionados a nuevas sociedades de gestión inmobiliaria de forma voluntaria.

Fuentes financieras indicaron inicialmente que el Ejecutivo obligaría a las entidades a segregar todos sus activos inmobiliarios problemáticos en sociedades que se disolverán en 10 años. El objetivo final de estas sociedades en todo caso sería la venta de estos activos.


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