Problema no va por ese lado

La suspensión indefinida para crear nuevas facultades de Educación, así como los exámenes de admisión y los cursos de capacitación a distancia para docentes, continúa generando polémica. Mientras para algunos la norma vulnera la autonomía de los centros universitarios, para el Sutep el problema es mayor y tiene como epicentro decretos que favorecen a los institutos privados. Lógicamente, con intereses económicos de por medio.

| 02 abril 2008 12:04 AM | Locales | 512 Lecturas
Problema no va por ese lado
Analizan la decisión de cerrar centros formadores de docentes.
Sutep asegura que el exceso de centros educadores radica en ley que promueve institutos pedagógicos privados.

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Otra posición
La Central Nacional de  Apafas, calificó de “positiva” la decisión del gobierno de suspender la  creación de nuevas facultades de Educación y la cancelación de los programas a distancia. “Se trata de un paso decisivo para revertir las debilidades que hoy tiene el docente”, afirmó Adolfo Valdivieso, agregando que la medida era inevitable.
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El secretario General del Sutep, Luis Muñoz, señaló que la raíz de este problema radica específicamente en el decreto Legislativo Nº 882, ley de promoción de la inversión en la educación, el cual se creó hace más de una década sólo para beneficiar al sector privado, sin considerar la calidad de enseñanza que recibirían los maestros. “Por eso, la norma debe ser derogada”, exigió Muñoz.

Consideró que la mencionada medida es insuficiente y concesiva con el sector privado, ya que deja liberados a más de 300 institutos pedagógicos privados, los cuales “subsanando algunas observaciones” volverán a operar. Soledad Lozano, dirigente del Sutep, reveló que antes de crearse la ley 882, existían 17 institutos y facultades educativas. Actualmente funcionan casi 400.

En defensa del Ejecutivo, Iván Rodríguez, presidente de la Asociación Nacional de Rectores (ANR), consideró que no hay una colisión con la autonomía universitaria por la norma dictada en materia educativa, por lo que la medida es reguladora sobre los órganos administrativos que tienen la competencia de calificar una entidad para garantizar un servicio de calidad.


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