Justicia no llega a Puno

Los trabajos de búsqueda acabaron, pero los familiares de las víctimas del alud que sepultó un campamento minero en Puno siguen pidiendo justicia pues no basta solamente con la inspección del Ministerio de Trabajo y que se proponga el cierre de la mina, pues se mantiene la informalidad en dicha actividad. Hasta el momento las investigaciones por la tragedia, que causó 10 muertos y unos 200 damnificados, recaen en un congresista y un alcalde, accionistas de la Minera Winchumayo SRL.

| 07 marzo 2009 12:03 AM | Locales | 550 Lecturas
Justicia no llega a Puno
No basta con realizar los rescates, sino poner fin a la informalidad.
Piden suspender concesión de minera Winchumayo. Según Defensa Civil, responsabilidad es de autoridades.

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De otro lado, el Senamhi, informó que Puno, además de afrontar las dificultades de las constantes lluvias, se encuentra en un nivel de “riesgo extremo” debido a la radiación ultravioleta. Mientras, Piura, Junín y Lima contienen un nivel de riesgo “muy alto”.
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Ante las quejas de los mineros y la población, por los casos de explotación a trabajadores informales, quienes señalaron laborar en condiciones extremas y sin beneficios sociales, el ministro de Trabajo, Jorge Villasante, pidió al Ministerio de Energía y Minas se tomen las decisiones inmediatas, como la posible suspensión de la concesión a quienes tienen negocios mineros pero no ejercitan actividad alguna y tercerizan.

El subgerente de Defensa Civil de Puno, Clever Sucari, señaló que la responsabilidad cae en las autoridades al no fiscalizar la informalidad laboral en la zona. Y entre los culpables se encuentran los accionistas de la minera Winchumayo, como el congresista Tomás Cenzano y el alcalde de Ayapata, Javier Pariapaza Arraya, quienes serían sancionados por el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Trabajo.

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