Denunciarán concesión dolosa del Aeropuerto

En la Corte Suprema falta un solo voto para que se admita la demanda para que el Poder Judicial se pronuncie frente a las irregularidades y hechos dolosos producidos desde la firma del contrato de concesión del Aeropuerto Jorge Chávez y la conformación del consorcio Lima Airport Partners LAP. Tres vocales ya se expresaron en el sentido que la Justicia sí es competente en este caso y otros dos votaron en contra. Falta el voto de un cuarto magistrado que ya escuchó a la partes y será el que dirima.

| 30 abril 2008 12:04 AM | Locales | 752 Lecturas
Denunciarán concesión dolosa del Aeropuerto
Concesión dolosa de Aeropuerto, Poder Judicial investiga irregularidades de LAP.
En forma paralela el Poder Judicial y la Comisión de Fiscalización del Congreso están camino a resolver sobre irregularidades en el contrato del Aeropuerto.

Más datos

DATO

El artículo 88 del Reglamento del Congreso dispone que el Congreso puede iniciar investigaciones de interés público, aun cuando estas sean objeto de investigación por la Contraloría General, lo que no exime o interrumpe el trabajo de investigación, ello incluso cuando se produzca la intervención del Ministerio Público o el inicio de una acción judicial.
752

Pero, mientras esto ocurre, la Comisión de Fiscalización del Congreso presidida por Alberto Escudero habría acordado, en paralelo, solicitar un plazo adicional de 45 días para formular un informe acusatorio “sobre las presuntas irregularidades durante la ejecución del Contrato de Concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez”. Con esto queda desestimada la otra maniobra de LAP que también intentó sacar al parlamento del tema, arguyendo que ya estaba siendo investigado por la Contraloría, según oficio de su gerente general, Jaime Daly Arbulú, de fecha 28 de marzo de 2008.

La Comisión ha considerado sobre este punto que la potestad investigadora del Congreso no se limita por el hecho que Contraloría, el Ministerio Público o el Poder Judicial se encuentren analizando el mismo caso. El riesgo que estaba planteado era evidente, ya que en los ocho años que median desde la privatización, LAP ha encontrado sospechosamente aliados en las más diversas instituciones y ha logrado neutralizar los informes que le eran desfavorables con la intervención de otras autoridades.

Una muestra de estos es la mención que la misma Comisión de Fiscalización hace sobre los documentos estudiados sobre el caso, donde menciona el Informe de Auditoría del ministerio de Transportes, AUD-I-Nº 022-2004-2-5304-MTC/06 “Examen Especial sobre presuntas irregularidades en la suscripción de addenda al contrato de Concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez”, que fuera emitido el 30 de noviembre de 2004 y que sin embargo fue ignorado por el ministro Luis Ortiz y sus sucesores, así como por los presidentes Toledo y García.

Entre los hechos graves que afectan el proceso de la concesión se encuentran: la falta de poderes de las personas que firmaron el contrato y la falsificación de representación del Estado y de la empresa contratante; la violación de las bases de la licitación en materia del capital y garantías; el cambio de la nómina de las empresas ganadoras de la concesión por otras que no necesariamente calificaban, pero manteniendo el nombre del consorcio; el incumplimiento de los plazos para las obras y postergación de la construcción de la segunda pista; la aprobación irregular de cuatro addenda, favorables a los concesionarios y desfavorables al Estado; la violación de los derechos de terceros (concesionarios de servicios del aeropuerto) etc.

La era LAP
La sentencia que debe sacar en estos días la Corte Suprema deberá tener en cuenta la acumulación de elementos que apuntan a que estamos ante un caso emblemático de daño al patrimonio del Estado. ¿Puede discutirse ante la justicia la validez de este Contrato de Concesión en nombre de la moral pública y de los derechos de los usuarios? Es lo que opinan los vocales Ticona Postigo, Solís Espinoza y Miranda Molina. En cambio, los vocales Palomino y Castañeda opinan que el Contrato es un tema entre el Estado (el fujimorista que los diseñó, y los que le siguieron más adelante) y la empresa beneficiaria. Es decir que los peruanos somos espectadores no más.

Pero ¿qué pasaría si la Justicia se lava finalmente las manos y luego se presenta un dictamen del Congreso mostrando lo que no se quiso ver? Esta es la interesante coyuntura que se ha abierto en la larga saga del Contrato LAP.

Raúl Wiener
Unidad de Investigación


¿Quieres debatir este artículo? prueba abriendo un tema en nuestros foros.


...
Diario La Primera

Diario La Primera

La Primera Digital

Colaborador 1937 LPD