Castañeda no repone trabajadores cesados

¿Qué tienen en común los dos alcaldes más recientes de la ciudad de Lima que en tiempos de elecciones se decían vela verde? Un punto clave: Andrade despidió a más de mil trabajadores valiéndose de todas las mañas del período fujimorista, y Castañeda se ha negado a reponerlos contra múltiples sentencias, en crudo abuso del poder.

| 10 marzo 2008 12:03 AM | Locales | 1.1k Lecturas
Castañeda no repone trabajadores cesados
Pasan los alcaldes y la justicia no llega para ellos.
Sigue los pasos de su predecesor, Alberto Andrade, que los despidió en la era Fujimori
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Hoy, la Municipalidad de Lima y el alcalde Castañeda tienen el último plazo para cumplir la resolución del 31º Juzgado Civil de Lima, amparada en la sentencia supranacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH, que ordena reponer a 962 trabajadores municipales despedidos en 1996, durante la administración de Alberto Andrade y que se han mantenido peleando por sus derechos durante doce largos años.

Como conoce bien a su adversario, el secretario general del Sindicato, Manuel Condori Araujo, prevé que habrá una nueva maniobra para apelar el procedimiento, a pesar de que el fondo de la cuestión está resuelto definitivamente.

Es que se trata de prolongar el sufrimiento. Ya son 61 trabajadores que han fallecido en este tiempo interminable. Pero al alcalde y al gobierno central que es su aliado, no les importa.

Los despidos de 1996 se desataron como parte de una ola general de eliminación de trabajadores de la administración pública. Todo pretexto era bueno: los que no aceptaron una evaluación arbitraria, los que fueron desaprobados en pruebas de conocimientos que no tenían nada que ver con su trabajo, los que participaron de una huelga, etc.

Entre 1996 y 1998 se presentaron demandas que se resolvieron a favor de la reposición de 943 trabajadores. Pero el alcalde inauguró entonces una argumentación que se haría famosa: las sentencias eran inaplicables, porque el Municipio, que había contratado personal de reemplazo, no tenía el dinero para pagar las indemnizaciones y volver a colocar a esas personas en sus puestos.

No puedo pues
Andrade y Castañeda han terminado coincidiendo en este principio antilaboral y antijudicial: qué voy a hacer si no tengo plata. Y han seguido para adelante. Es por eso que el caso llegó a la Corte Interamericana donde el Municipio y el Estado litigaron contra los trabajadores, teniendo como soporte legal a dos abogados de los malos: Mario Pasco Cosmópolis y Rosario Fernández Figueroa, actuales ministros de Alan García nada menos que en las carteras de Trabajo y Justicia, y que fueron los encargados de defender lo indefendible, arguyendo, cómo no, que el Perú tenía un Estado casi indigente que no podía cumplir con los trabajadores.

A mediados del año 2003, no habiendo posibilidad de arreglo amistoso por la dureza de los agentes del Estado peruano intervinientes, la CIDH emitió una recomendación al Estado Peruano para que en un plazo de 3 meses cumpla con las sentencias judiciales dispuestas a favor de los trabajadores. Pero ni Toledo, ni Castañeda, se dieron por aludidos.

El 7 de febrero del 2006 la Corte interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia definitiva en el caso del Sitramun, otorgando plazos de 12 y 15 meses para cumplir con la reposición y pagar las reparaciones correspondientes. Ese plazo ya finalizo.

Que el gobierno les busque empleo
El Ministerio de Justicia ha respondido a La Corte Interamericana a través de la nota diplomática 5-9-P / 057, mediante el informe Nº 68 – 2007 – JUS/CND/SE – CESAPI que existe falta de colaboración de la Municipalidad de Lima para cumplir con la reposición de los ex trabajadores.

La posición de la Municipalidad sobre  reposición, plantea la conclusión de que la responsabilidad de reponer a los demandantes, corresponde al Estado, brindar alternativas de empleo o  pagar la indemnizaciones.

El estudio de abogados que sostiene esta posición municipal hasta el 28 de diciembre del 2007 era el estudio de la doctora ROSARIO FERNANDEZ FIGUEROA, designada ministra de Justicia por el actual gobierno.

Raúl Wiener
Unidad de Investigación


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