¿Tiene legitimidad?

Son abundantes los argumentos jurídicos y políticos planteados contra la iniciativa presidencial de un referendo para la aprobación de una reforma constitucional que elimine la obligatoriedad del cumplimiento del deber cívico de votar y establezca que el Parlamento se elige por mitades, una cada dos años y medio (lo que no es revocatoria, ni mucho menos, como pretende aparentar el aprismo).

| 01 noviembre 2009 12:11 AM | La Primera Palabra | 320 Lecturas
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Hay razones para todos los gustos, desde todas las posiciones, el último conejo sacado del sombrero presidencial, la más reciente maniobra de ese ejercicio obsesivo por mantener la iniciativa política, sobre todo cuando la corrupción y la ineficiencia dan tela para cortar y dejan que la oposición marque la agenda.

Esos argumentos coinciden en lo político en que las motivaciones de la pretendida reforma, lejos del afán democratizador que proclaman sus promotores, son inmediatistas y políticas y hasta pueden enmascarar fines fraudulentos, aún a costa de desestabilizar al sistema político.

En tal sentido, la tendencia internacional de los defensores del fracasado modelo neoliberal, de apelar a la trampa y la ilegalidad (como en el golpe de Honduras) frente al avance de opciones diversas y contestatarias, hace temer a algunos suspicaces, sobre la posibilidad de que la reforma no sea más que una trampa.

Un columnista de este diario ha roto el libreto y, en esta misma edición, pone sobre el tapete la posibilidad de tomarle la palabra al gobierno y plantearle que si de consultar al pueblo se trata, que convoque a una asamblea constituyente.

En lo jurídico, la inviabilidad de un referendo que pretenda ignorar al Congreso ha sido demostrada por juristas de todas las tendencias, inclusive por un constitucionalista miembro del partido de gobierno.

Habría además que preguntarse si el gobierno tiene la fortaleza política, la autoridad moral y sobre todo la legitimidad para embarcarnos, con las armas de la demagogia, en una reforma que puede complicar la estabilidad futura del país entero.

Si el presidente alega para defender su propuesta que las medidas que plantea son apoyadas por la gran mayoría de la población, según las encuestas, estas también arrojan una mayoritaria desaprobación (alrededor de 70 por ciento) a la gestión del jefe de Estado.

Es por tanto pertinente dudar de que un gobierno con tan alto nivel de desaprobación tenga el aval ciudadano necesario para emprender un cambio que compromete el futuro de la democracia peruana y el de sus principales protagonistas, la participación ciudadana, ya venida a menos a pesar de la obligatoriedad del voto -mecanismo insuficiente, pues no basta sufragar cada cinco años-; y la representación parlamentaria, imperfecta y que debe mejorar, pero con reformas de consenso que la consoliden, no con saltos al vacío que la devalúen en nombre de un futuro que nada tiene de diferente.


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