Solución en democracia

Habíamos escrito ayer que el caso del segundo vicepresidente debería quedar en manos del Ministerio Público y el Congreso, que han abierto sendas y paralelas investigaciones sobre la posibilidad de delitos, en el primer caso, y de infracciones a la ética, en el segundo.

| 21 octubre 2011 12:10 AM | La Primera Palabra | 1k Lecturas
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Ese ha sido, saludablemente, el camino que ha adoptado el gobierno, que, también atinadamente, se ha abstenido de respaldar al controvertido parlamentario, y ha preferido esperar las conclusiones de esas pesquisas para tomar decisiones, pues, como también dijimos en nuestra edición de ayer, una vez conocidos los resultados de las investigaciones, cada quien debe asumir las responsabilidades que le correspondan, sean penales o políticas, añadimos nosotros.

Las sospechas que se ciernen sobre el presidente, por otra parte, han dado lugar a expresiones de repudio al vicepresidente, de los trabajadores de la empresa azucarera Andahuasi, cuyo desalojo supuestamente trataron Chehade y sus invitados en la infausta cena que ha provocado el escándalo político presente.

No han faltado destacados analistas que consideran que, en aras de la salud de la democracia y de la defensa del proyecto transformador por el que votó la mayoría nacional Chehade debe alejarse inclusive de la Presidencia, extremo ante el cual el Presidente de la República invoca el respeto al Estado de Derecho y la presunción de inocencia.

Tales reclamos son comprensibles, habida cuenta de la delicada situación en la que se ha puesto y ha puesto al gobierno el vicepresidente, pero lo que resulta inaceptable, es que el escándalo sea aprovechado, por quienes carecen de autoridad moral y tienen pendientes cuentas con la justicia, para atacar al gobierno pretendiendo que lo del vicepresidente afecta a todo el Ejecutivo.

Peor aún, esos sectores y en particular el fujimorismo, pretenden dar lecciones de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, cuando su mentor está preso por delitos de lesa humanidad y corrupción y por haber encabezado el régimen más corrupto del siglo, que destruyó la democracia, corrompió a medios de comunicación, destruyó la moral de las fuerzas armadas y perpetró otras atrocidades.

Tampoco es admisible que asuman similar actitud quienes reivindican al pasado régimen aprista, marcado por el estigma de la corrupción, al extremo que se ha tenido que crear una comisión investigadora que lo investigue en su integridad para no dejar en la impunidad ninguno de los casos con hedor de inmoralidad administrativa registrados bajo esa nefasta administración.

Resulta pertinente, además, reflexionar sobre la necesidad de que el gobierno vea la manera de superar con celeridad el trance y no permita que un escándalo, con responsabilidades en cualquier caso individuales, distraiga los esfuerzos por avanzar en la gran transformación inclusiva y soberana.

Un paso significativo en esa dirección es la creación, en la fecha, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, en la sesión descentralizada del gabinete ministerial, en la ciudad del Cusco.


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