Sin autoridad moral

La serie de conflictos sociales generados por las consecuencias contaminantes de determinadas actividades mineras, entre otros factores que no excluyen maximalismos ni turbias maniobras de mala fe, han desatado una ola de ataques, admoniciones intimidatorias y apocalípticos augurios sobre una supuesta fuga de capitales y otras calamidades, ante la contradicción entre los intereses mineros y los reclamos y las expectativas de las comunidades.

| 15 noviembre 2011 12:11 AM | La Primera Palabra | 2.2k Lecturas
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Llama la atención de la ciudadanía que esa ofensiva mediática, que incluye presiones y señalamientos al gobierno, esté en muchos casos a cargo de elementos que, desde tribunas mediáticas o como promocionados expertos en la materia, invariablemente se alinean con la defensa de los intereses empresariales, a lo que tendrían derecho, de ser sus opiniones estrictamente técnicas y motivadas solo por convicciones.

Pero tales virtudes pueden dejar de ser tales cuando los opinadores son al mismo tiempo consultores de esas empresas o están ligados a ellas por lazos similares.

En consecuencia, carecen de independencia y autoridad moral para hacer el papel que pretenden, de orientadores de la comunidad sobre cual es la mejor manera de enfrentar los problemas planteados en diversas regiones del país.

Los peruanos, conocedores de las motivaciones, por llamarlas de un modo piadoso, de quienes cierran filas con las posiciones empresariales, saben que no pueden confiar en ellos.

Por el contrario, los ciudadanos que defienden la democracia respaldan la vía del diálogo en busca de la conciliación que preserve el medio ambiente y el derecho de las comunidades a una vida sana y a ser consultadas sobre actividades extractivas que las afecten, y que al mismo tiempo garantice las operaciones mineras limpias y respetuosas del entorno.

El diálogo debe desarrollarse sin medidas de fuerza, por lo que las organizaciones sociales que la semana pasada desarrollaron diversas huelgas y movilizaciones, que registraron hechos de violencia preocupantes, han accedido, pese a las resistencias de algunos sectores, a levantar sus protestas a la espera de resultados de las conversaciones o del cumplimiento de compromisos gubernamentales.

El esfuerzo concertador, puesto en marcha por el gobierno, de ninguna manera debe desarrollarse bajo presiones interesadas de quienes se han puesto al servicio de las empresas, y el gobierno no debe prestar oídos a quienes pretenden chantajear al país con el argumento que nada debe molestar a las mineras porque ello provocaría una fuga de inversionistas.

Un prestigioso sociólogo ha rechazado tal eventualidad, teniendo en cuenta que las ganancias que las empresas del rubro obtienen en el país son simplemente fabulosas, algo que difícilmente podrían obtener en otras latitudes.

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