Reprobable autoritarismo

Hasta el último día el pasado gobernante hizo sentir su arrogancia, su autoritarismo y su desprecio por la opinión ajena, así como su ojeriza, disfrazada de sonrisa amable, hacia la prensa. Antes de pasar su última noche en el Palacio de Gobierno, vetó, contenido real del eufemismo observó, un proyecto de ley consensuado en el Congreso, para eliminar las penas privativas de la libertad para el caso de afectaciones al honor, como consecuencia del ejercicio de la libertad de expresión.

| 06 agosto 2011 12:08 AM | La Primera Palabra | 1.2k Lecturas
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Desoyó el fundamentado pedido que, por escrito y en los términos más comedidos, le hicieron el Consejo de la Prensa Peruana y el Instituto Prensa y Sociedad, que promulgue la norma porque la experiencia ha demostrado que las penas privativas de la libertad para sancionar excesos en el ejercicio de la libertad de expresión, causa efectos negativos para la vigencia de este derecho fundamental.

La pertinencia de que los funcionarios públicos estén sometidos al escrutinio público y sean tolerantes frente a las críticas, y el hecho que existen medios para responder a cualquier tipo de información u opinión que pueda afectar a esos funcionarios, fue planteada también por las entidades mencionadas.

Otro argumento presentado señala que la pena privativa de la libertad es innecesaria y desproporcionada para sancionar los excesos en el ejercicio de la libertad de expresión y genera indeseables efectos de censura indirecta, por ser un arma de represalia crecientemente usada por funcionarios que, lejos de usar las vías existentes para exponer sus puntos de vista, apelan directamente a los juicios penales.

De nada sirvieron tan minuciosas razones, pues el exgobernante, antes de terminar su mandato, observó el proyecto en una carta a la Presidencia del Congreso, con alegatos que ponen por encima de todo el honor afectado, por publicaciones, aun cuando estuvieran referidas a hechos verídicos.

No son pocos los casos en los que LA PRIMERA ha sido objeto de intentos de amedrentamiento con denuncias penales acogidas en algunos casos por magistrados irreflexivos y serviles al poder de los denunciantes que, por cierto, no han conseguido acallar a este matutino pese a haber usado para someternos desde la amenaza hasta la discriminación y otros resortes que da el manejo del gobierno.

Es por ello que condenamos la actitud del exgobernante, que constituye sin duda un atentado flagrante contra la democracia y la libertad de expresión y expresamos un llamado al nuevo gobierno y al nuevo Congreso, para que ignoren las observaciones del pasado mandatario y procedan a poner en vigencia, por respeto a los periodistas y su derecho a informar y opinar y, sobre todo, a la ciudadanía y su derecho a ser adecuadamente informada, sin presiones ni condiciones inaceptables, más allá del apego a la verdad y a la ética de los comunicadores.


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