Prueba decisiva

El pasado Congreso dejó una imagen negativa, por sus escándalos, su limitado nivel y su ineficacia para contribuir a la solución de los grandes problemas nacionales y defender los intereses del país y de la ciudadanía; dicho sea con respeto a las excepciones honrosas que bregaron contra la corriente.

| 21 agosto 2011 12:08 AM | La Primera Palabra | 730 Lecturas
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De ahí que solo una pequeña minoría de los integrantes de aquel Legislativo hayan sido reelegidos y que la campaña de éstos y de los nuevos haya contenido invariablemente la promesa de trabajar en serio y cambiarle la cara al Congreso, erradicando sus males y poniéndolo al servicio de la ciudadanía.

Lamentablemente, la mayoría de las bancadas echó la semana pasada a perder la primera oportunidad de honrar ese compromiso y al mismo tiempo reparar una de las peores y deplorables omisiones del Parlamento anterior, dando curso con celeridad a la Ley de Consulta Previa a las comunidades sobre las decisiones oficiales que pudieran afectar su hábitat.

El Congreso fenecido en julio pasado había aprobado la norma al cabo de un largo y sustancioso proceso de diálogo, concertación y consenso, tanto entre las diversas fuerzas políticas como con los pueblos indígenas.

Lo habían hecho apremiados por la tragedia de Bagua, la cual había sido producto. en buena medida, de la desidia de la mayoría legislativa, que secundó la criminal política del Ejecutivo, de ignorar la vasta protesta amazónica que exigía el derecho a la consulta, vulnerado en aras de intereses transnacionales poderosos.

Sin embargo, el arrogante presidente vetó la ley con una serie de observaciones que la convertían en papel mojado y la mandó de vuelta al Congreso, que dejó pasar un año sin tomar una decisión ni tener la entereza de promulgar la ley, para lo que estaba facultado.

Nada más lógico, ahora que hay un nuevo Congreso, que atender el reclamo de los pueblos originarios y darle curso de inmediato a una ley ya discutida y consensuada por más o menos las mismas fuerzas, que participaron ya en su discusión y consenso.

Sin embargo, ha sido frustrante que la mayoría de las bancadas se hubiera negado a la iniciativa de proceder de inmediato a debatir y aprobar la ley vetada por el pasado gobernante, a fin de atender un clamor social y una necesidad indispensable para solucionar y evitar conflictos sociales socioambientales como los que han enlutado a numerosas familias en el pasado quinquenio.

La sensatez parece haberse impuesto y todo indica que en los próximos días el pleno debatirá la ley. Ojalá y no haya nuevas maniobras dilatorias eventualmente al servicio de intereses económicos, y la ley avance hasta su promulgación, en aras de la paz, la justicia y la vigencia de la Convención de la OIT que compromete al Estado peruano a establecer la consulta previa. Será una prueba decisiva para el nuevo Congreso.


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