Paz y diálogo

La ciudadanía asiste preocupada al incremento de las tensiones y la crispación que mantienen en vilo a la región de Cajamarca, pero que se extienden a todo el país, en torno al proyecto Conga, al que dio luz verde el presidente Ollanta Humala la semana pasada, en una decisión que ha generado controversia.

| 22 noviembre 2011 12:11 AM | La Primera Palabra | 945 Lecturas
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Por una parte, siguen adelante los aprestos de una protesta social de quienes temen, pese a las garantías en contrario ofrecidas por el Ejecutivo, que el emprendimiento repita la historia de otros proyectos mineros que han depredado el agua y, en general, el medio ambiente, sin que las poblaciones del área de influencia hayan recibido beneficios apreciables.

Del otro lado, el gobierno, convencido de que los tributos que dejarán ese y otros proyectos mineros son necesarios para financiar la transformación social, parece empeñado en seguir adelante y ejecutar esa decisión, sin aceptar lo que considera posiciones radicales a ultranza y minoritarias.

Al mismo tiempo que dirigentes sociales reprochan esa actitud, los políticos tradicionales y los agentes mediáticos neoliberales celebran la posición del Ejecutivo como un viraje hacia sus posiciones, lo que también contribuye a la polarización y a la confrontación que el país no desea.

El gobierno ha llamado a un sector de autoridades a venir a Lima a dialogar sobre la manera de lograr que la minería –que ha marginado de sus beneficios a las mayorías- contribuya al desarrollo y el bienestar de la región Cajamarca, y su convocatoria enfrenta graves resistencias, acaso motivadas por la profunda desconfianza levantada por largos años de compromisos estatales incumplidos.

En ese marco y con la noticia de que el gobierno ha enviado refuerzos policiales a Cajamarca, donde los descontentos endurecen el lenguaje de la protesta, es pertinente hacer un llamado a que el diálogo prevalezca, eventualmente con la asistencia de instancias que coadyuven al entendimiento, como la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica.

El país, angustiado, quiere sobre todo que sean dejadas de lado las salidas violentas o represivas, que tanto dolor causaron, al ser usadas como forma sistemática de gobernar, durante el pasado gobierno aprista.

Todas las partes involucradas deben abstenerse de actitudes que lleven al enfrentamiento y deben hacer un esfuerzo considerable para dialogar y llegar a un entendimiento, preservando la paz y la convivencia democrática como valores en aras de los cuales será necesario que las partes sean flexibles.

Durante el pasado quinquenio, el Perú estuvo más de una vez al borde de la conflagración y la ruptura de la constitucionalidad, sobre todo a raíz del “baguazo”, producto de la irresponsabilidad y el autoritarismo.

Las consecuencias de un nuevo derramamiento de sangre, en un contexto de expectativas de cambios políticos y sociales, es algo que nadie desea, porque podría llevarnos a una espiral incontrolable de consecuencias funestas para la patria.


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