No va más

Muchos creen que un personaje como el ministro de Defensa de ninguna manera puede tener cabida en un gobierno que se precie democrático, porque carece de las calificaciones más elementales para los cargos que sólo sus influencias y su sentido de la oportunidad le han permitido ostentar, y porque sus convicciones, más cercanas a opciones autoritarias de las que el Perú quiere terminar de librarse, de ninguna manera comulgan con principios de tolerancia y humanismo esenciales en cualquier tipo de democracia.

Por Diario La Primera | 12 set 2010 |    

La falta de conciencia democrática del personaje se remonta a los años duros, en los que imperaba el régimen de la corrupción, el fraude y el crimen como armas de sometimiento de la voluntad ciudadana, cuando defendió a capa y espada la abyecta amnistía que, con nombre propio, dictó aquel régimen a favor de los asesinos del Grupo Colina, poniéndolos en la calle, como si no hubiera sido suficiente impunidad las penas leves dictadas a quienes ejecutaron atrocidades en defensa de aquel estado de cosas, en nombre de la lucha contra el terrorismo, haciendo que esa causa perdiera autoridad moral y sustento principista.

Luego pasaría por más de una tienda política, para saltar a servir al político que había denostado durante dos décadas y trepar a uno y otro despacho ministerial y llenar con sus desatinos álbumes enteros de recortes periodísticos para la antología de la ineficacia y la arrogancia.

Había concitado ya el repudio de buena parte de la opinión pública, por sus ataques frecuentes a los defensores de los derechos humanos, el uso insólito de las fechas patrióticas para lanzar proclamas de odio y no de unión en torno a nuestros héroes, su agresividad con los periodistas, sus posiciones para muchos retrógradas y cavernarias.

En el último de sus desatinos, no sólo ha elaborado un decreto que puede poner en la calle a violadores de derechos humanos, sino que a diario aboga por la validez de ese decreto para la prescripción de los delitos de lesa humanidad, para la impunidad de los criminales que ensuciaron con sangre el honor de su uniforme. Una actitud que pretende hacernos retroceder en el tiempo y en la historia y que contradice los esfuerzos del gobierno por tratar de sostener que su decreto no deja impunes a esos asesinos.

Por su fuera poco, el ministro ha aceptado, arrogante, casi diciendo “¡y qué!”, haber consultado la elaboración del decreto con el abogado del condenado ex presidente Fujimori, y con el abogado del primer vicepresidente, también en problemas por temas de derechos humanos. Con esto ha excedido todos los límites y ha motivado la indignación, incluso entre los congresistas del Partido Aprista. Su paso por el poder tendría que terminar, si el sentido común y la vergüenza no han abandonado a quien nos gobierna.

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