Lamentable observación

Es lamentable que el Ejecutivo haya observado la Ley General de la Persona con Discapacidad, aprobada por unanimidad por el Congreso y que establecía políticas y acciones específicas para atender a este importante sector de la población.

| 02 agosto 2012 12:08 AM | La Primera Palabra | 1k Lecturas
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Las personas con discapacidad representan alrededor del 15% de la población de nuestro país, esto es, más de cuatro millones de ciudadanos, en su gran mayoría víctimas de distintas formas de discriminación, exclusión y pobreza, lo que determina la necesidad de políticas y normas para alcanzar su inclusión social.

Tradicionalmente, las políticas y las leyes nacionales en materia de discapacidad apostaron por medidas de “protección, atención, readaptación y seguridad”, como decía la conservadora Constitución Política de 1993, en lugar de medidas de accesibilidad, de apoyo y de equiparación de oportunidades, pues no es lo mismo “proteger” a los discapacitados que promover y proteger el ejercicio de todos sus derechos.

La Ley observada por el Ejecutivo plantea cambiar en el corto plazo la situación, al hacer suyo el enfoque social y de derechos humanos establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas.

La norma aprobada por el Parlamento tuvo como base una iniciativa legislativa presentada por el movimiento de personas con discapacidad y contiene una serie de políticas, programas y acciones específicas para garantizar principios y derechos tales como la accesibilidad, la igualdad y la no discriminación, la vida independiente, la participación política, la educación, la salud, el empleo, la seguridad social, entre otros.

Prevé sanciones individuales a funcionarios y servidores públicos que incumplan la ley y obliga al Estado y a la sociedad a asumir un compromiso real con la inclusión social de las personas con discapacidad a través de cuotas, incentivos, créditos, medidas afirmativas, entre otras acciones de promoción y equiparación de oportunidades.

El propio Banco Mundial ha señalado que la exclusión social de las personas con discapacidad impacta significativa y negativamente en el Producto Bruto Interno de los estados, generando una pérdida global de, por lo menos, un 6%.

Pese a ello, ha trascendido que el virtual bloqueo a la ley habría sido determinado por criterios rígidos e insensibles de un sector ligado al manejo tradicional de la economía.

Hacemos votos para que la sensatez y el empeño nacional de avanzar al desarrollo integral y con equidad, determine una rectificación que permita la puesta en vigencia de la ley observada que, al promover una sociedad más inclusiva, no solo beneficia a las personas con discapacidad, sino a la sociedad en su conjunto.


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